Los documentos describen préstamos y donaciones concentradas, provenientes de microempresas sin ingresos ordinarios y personas naturales, lo que abre interrogantes sobre trazabilidad, verificación previa y alcance de los controles en la financiación política durante la consulta de 2025.
Una investigación del periodista Melquisedec Torres puso en cuestión el origen y la proporcionalidad de recursos utilizados en campañas asociadas a la consulta interpartidista del petrismo realizada en octubre de 2025. La denuncia se apoya en anexos de financiación reportados ante el Consejo Nacional Electoral y en certificados mercantiles que evidencian contrastes entre montos aportados y capacidad económica declarada por algunos financiadores.
El caso de mayor impacto corresponde a la campaña de Carolina Corcho. Conforme a los documentos revisados, 52 % de los $1.428 millones reportados como gastos habría sido cubierto mediante préstamos provenientes de “Gusteau Chefcito Sigi. ML JV EU”, empresa unipersonal registrada como microempresa.
Según los certificados de Cámara de Comercio, dicha persona jurídica se encuentra disuelta y en estado de liquidación desde abril de 2025. A ese antecedente se suman ingresos ordinarios reportados en cero y capital inferior a $2 millones. Pese a ese perfil financiero, los formatos de financiación consignan préstamos por $737,7 millones a favor de la campaña.
Como elemento adicional de contraste, la investigación advierte que la dirección registrada en el sur de Bogotá no habría sido ubicada mediante herramientas públicas de georreferenciación. Aunque este hecho no constituye una irregularidad por sí mismo, sí introduce interrogantes sobre localización efectiva de la actividad económica y coherencia de los registros.
Por otra parte, 48 % restante del gasto de la campaña de Corcho, de acuerdo con los anexos, se habría financiado a través de 41 préstamos de personas naturales, registrados de manera individual. En conjunto, el esquema refleja una alta concentración en una fuente jurídica principal, complementada por múltiples operaciones de menor cuantía.
En su investigación, Torres también revisa financiación reportada en la campaña de Iván Cepeda. En este caso, los documentos entregados a la autoridad electoral indican que Samat Publicidad SAS realizó una donación por $609,3 millones. A ese monto se añadieron $116,1 millones aportados por su representante legal, Javier Antonio Pérez Páez. Ambas cifras representarían 75 % de los $964 millones declarados como gastos.
De acuerdo con los registros mercantiles citados, Samat reportó ingresos ordinarios en cero y capital pagado de $20 millones, datos que contrastan con el tamaño de las donaciones. El domicilio comercial figura en Barranquilla y, según registros fotográficos públicos de 2024, la operación funcionaría en un local de pequeña escala. Los anexos incluyen, además, un aporte personal del candidato por $125 millones, con el que se completa el total reportado.
Los hechos divulgados por Melquisedec Torres no permiten establecer, por sí mismos, responsabilidades penales o administrativas. Sin embargo, sí delimitan un problema concreto: la distancia entre información financiera consignada en registros oficiales y los montos utilizados para financiar campañas.
El marco normativo autoriza donaciones y préstamos privados siempre que exista origen lícito, registro oportuno y reporte transparente. La controversia emerge cuando la magnitud de los recursos contrasta con la capacidad económica formalmente acreditada, situación que pone a prueba la eficacia de los mecanismos de verificación.
Finalmente, corresponderá al Consejo Nacional Electoral y a los órganos competentes determinar si los reportes ameritan revisión. Más allá de eventuales actuaciones, el caso vuelve a situar un punto crítico del sistema: la credibilidad de la financiación política depende no solo del cumplimiento formal, sino también de la coherencia económica de lo reportado.
