Mientras el Ejército busca a cabecillas de Los Pachenca, los departamentos de Magdalena, Cesar y La Guajira registraron más de 1.200 homicidios en 2025. Organizaciones de derechos humanos advierten que la ausencia de una política de seguridad sostenida ha permitido la consolidación de corredores armados y el ejercicio visible del control criminal.
La operación militar que adelanta el Ejército Nacional de Colombia en zona rural de Dibulla (La Guajira), contra el grupo armado organizado Los Pachenca, no es un hecho aislado ni puede leerse únicamente en clave operacional. El contexto en el que se desarrolla —tras las amenazas de muerte contra el presidente Gustavo Petro, atribuidas a alias ‘Nain o Bendito Menor’, quien había sido acreditado como gestor de paz en los diálogos sociojurídicos de la Sierra Nevada— obliga a una lectura más amplia.
Durante meses, integrantes de esta estructura armada no actuaron en la clandestinidad. Por el contrario, se exhibieron públicamente, mostraron armas, vehículos y control territorial en redes sociales, y proyectaron una imagen de poder a la vista de todos. Esa ostentación coincidió, además, con su presencia en escenarios de diálogo, sin que se activaran controles efectivos o alertas tempranas por parte del Estado.
En ese escenario, el Ejército desplegó tropas de la Primera División con el objetivo de localizar al cabecilla principal, alias ‘Nain o el Bendito Menor’, y a su compañera sentimental, alias ‘Bebecita’, quien permanece prófuga. Aunque hasta ahora no se reportan capturas, el balance del operativo deja resultados concretos: dos camionetas incautadas, seis proveedores, 444 cartuchos de distintos calibres, nueve minas antipersonal y equipos de comunicaciones, lo que evidencia la capacidad logística y ofensiva del grupo armado en la zona.
Este episodio se inscribe, además, en un contexto regional marcado por el deterioro sostenido de la seguridad, teniendo en cuenta que durante 2025 en las estribaciones de la Sierra Nevada d Santa Marta se contabilizaron 1.272 homicidios. Magdalena registra 615 casos, con un aumento del 6,83 %; La Guajira suma 271 homicidios, con un incremento del 18 %; y Cesar alcanza 386 casos, con un crecimiento del 4 %. Las cifras confirman que la violencia no es episódica, sino estructural.
Desde la Plataforma de Derechos Humanos PDHAL, la lectura es clara: el problema no es solo la persistencia del conflicto, sino la falta de una política de seguridad territorial coherente y sostenida. Para su director, Lerber Dismas, “la ausencia de control efectivo ha permitido que actores armados administren corredores estratégicos, se exhiban sin restricción y consoliden poder sin una respuesta estatal proporcional”.
El caso de Dibulla resume esa paradoja: quienes ayer se mostraban intocables y visibles hoy son objetivos militares, después de haber cruzado una línea que el Estado no podía tolerar. Más allá del operativo, el episodio deja una pregunta incómoda: cómo fue posible que esa ostentación de poder se prolongara durante tanto tiempo sin una reacción institucional eficaz, y qué ajustes serán necesarios para que los procesos de diálogo no terminen conviviendo con la exhibición abierta del control armado.
