Este hato, destinado a un programa de transferencia de embriones y plenamente identificado con hierro registrado, motivó un llamado de Fedegán a aplicar con rigor las penas del Código Penal y a activar de manera efectiva las capacidades institucionales.
El hurto de 47 novillas en un predio ubicado en el corredor ganadero entre Barranquilla y Galapa (Atlántico) volvió a poner en evidencia la persistencia del abigeato como una de las principales amenazas para la seguridad rural y la economía ganadera del Caribe. El hecho afecta directamente un proyecto de biotecnología reproductiva, orientado a la transferencia de embriones, clave para el mejoramiento genético del hato regional.
De acuerdo con la información conocida, los animales robados correspondían en su mayoría a ejemplares girolando F1 y ganado tres cuartos, seleccionados por su alto valor productivo y reproductivo. Se trata de semovientes destinados a procesos de innovación ganadera y no a esquemas de producción extensiva tradicional, lo que agrava el impacto económico y técnico del delito.
Juan Camilo Restrepo, médico veterinario y zootecnista, conocido por su labor divulgativa en Mundo del Ganadero, víctima de la acción delictiva, advirtió sobre el golpe que este tipo de hechos representa para quienes apuestan por la legalidad en el campo. “La noticia es muy dura. Uno trata de hacer las cosas bien en este país, de trabajar honestamente, y mire lo que pasa. No nos dejan trabajar”, señaló el influenciador y empresario, al subrayar que la inseguridad rural termina desincentivando la inversión y la tecnificación ganadera.
Desde el punto de vista penal, los hechos encajan plenamente en el delito de abigeato, tipificado en el artículo 243 del Código Penal (Ley 599 de 2000). Esta norma sanciona la apropiación de especies bovinas plenamente identificadas con penas que oscilan entre 60 y 120 meses de prisión, además de multas de hasta 50 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Cuando el valor de lo hurtado supera los diez salarios mínimos —como ocurre en este caso, dada la cantidad y calidad genética del ganado— la sanción puede ascender hasta 132 meses de prisión.
A ello se suma el artículo 243-A, que establece circunstancias de agravación punitiva, entre ellas la alteración, supresión o falsificación de hierros o marcas, el sacrificio de los animales, el uso de vehículos para cometer el delito o la intervención de servidores públicos. En estos escenarios, la ley autoriza aumentos de pena de hasta la mitad y contempla la extinción de dominio sobre los bienes utilizados para ejecutar la conducta.
En este caso, los animales estaban plenamente identificados con hierro, cuya figura corresponde a un triángulo isósceles invertido en la parte superior, apoyado sobre un trazo vertical central, que a su vez descansa sobre una línea horizontal en la base, conformando una silueta clara y fácilmente reconocible sobre el costado del animal. Esta identificación resulta clave tanto para la recuperación del ganado como para la configuración de agravantes penales si la marca es alterada.
Frente a estos hechos que afectan el avance tecnológico y científico del sector en la región Caribe, la Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegán) solicitó la aplicación efectiva de la ley y la activación real de las capacidades de la Policía, la Fiscalía y las autoridades administrativas, con el fin de investigar, judicializar a los responsables y desarticular las redes criminales que operan en zonas rurales.
Finalmente, Fedegán invitó a los agremiados y productores víctimas de la delincuencia a denunciar de manera inmediata y a no normalizar estos hechos. El gremio recomendó hacer uso de la Seguridad Ganadera, una herramienta digital que permite presentar denuncias en línea, georreferenciar los casos y hacer seguimiento en tiempo real al avance de las investigaciones, fortaleciendo la respuesta institucional frente al abigeato y otros delitos rurales.
