El gremio de los comerciantes solicitó la nulidad y suspensión del decreto que fijó un incremento del 23,7% del salario mínimo, al considerar que carece de sustento técnico, vulnera la ley y pone en riesgo el empleo, la estabilidad económica y la seguridad jurídica del país.
La Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco) presentó ante el Consejo de Estado una demanda de nulidad acompañada de una solicitud de suspensión inmediata contra el Decreto 1469 de 2025, mediante el cual el Gobierno Nacional fijó un aumento del 23,7% en el salario mínimo para el año 2026.
Según el presidente del gremio, Jaime Alberto Cabal, la decisión adoptada por el Ejecutivo es improvisada y responde a intereses políticos, sin un respaldo económico, social ni jurídico sólido.
De acuerdo con Fenalco, el Gobierno habría desconocido los criterios obligatorios establecidos por la ley para la fijación del salario mínimo, como la inflación, la productividad, el crecimiento del PIB y la participación de los salarios en el ingreso nacional.
El gremio cuestionó que estos parámetros técnicos hayan sido sustituidos por el concepto de “salario vital”, una noción que, aseguran, no cuenta con soporte legal ni técnico. Asimismo, advirtió que el decreto desconoce el papel del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) como autoridad encargada de certificar el Índice de Precios al Consumidor (IPC).
Otro de los puntos centrales de la demanda es la falta de explicación sobre el salto entre los fundamentos técnicos, que —según Fenalco— apuntaban a un ajuste cercano al 6,21%, y la decisión final de establecer un incremento de casi cuatro veces ese porcentaje. Para el gremio, esta brecha evidencia la ausencia de rigor en el proceso de concertación.
Fenalco alertó que el aumento decretado podría generar consecuencias negativas de gran alcance, como mayor inflación, crecimiento de la informalidad laboral, pérdida de miles de empleos formales, quiebra de numerosas micro, pequeñas y medianas empresas, debilitamiento del aparato productivo y un impacto adverso en las finanzas públicas.
El gremio aclaró que la acción judicial no busca afectar a los trabajadores, sino proteger el empleo formal y la estabilidad económica del país.
“Se trata de defender el Estado de Derecho, la seguridad jurídica y los puestos de trabajo frente a decisiones que ponen en riesgo el futuro económico de Colombia”, concluyó Cabal.
