Bonos por USD 4.950 millones aseguran caja hoy, pero amplían desafíos fiscales a futuro

Las condiciones de la colocación se dieron en un contexto de tasas globales altas, presiones inflacionarias internas y un entorno de incertidumbre fiscal. Expertos señalan que el endeudamiento externo, junto con un crédito interno más caro que en años previos, puede acentuar tensiones sobre el servicio de la deuda y limitar el margen de maniobra de la política económica en el corto y mediano plazo.

Colombia inició 2026 con la mayor emisión de bonos globales de su historia al colocar USD 4.950 millones en los mercados internacionales. La operación aseguró liquidez inmediata y confirmó el acceso del país a financiamiento externo; al mismo tiempo, elevó el costo de la deuda, concentró vencimientos en el mediano plazo y reactivó las alertas sobre sostenibilidad fiscal y gestión del riesgo hacia adelante.

De acuerdo con el Ministerio de Hacienda, la colocación se estructuró en tres referencias denominadas en dólares: un bono con vencimiento en 2029 por USD 2.000 millones con cupón de 5,375 %, otro a 2031 por USD 1.475 millones con cupón de 6,125 % y un tercer tramo a 2033 por USD 1.475 millones con cupón de 6,500 %, para un cupón promedio ponderado de 5,93 %. Según la cartera, la operación permitió “avanzar de manera anticipada en el plan de endeudamiento externo previsto para la vigencia 2026”, con el objetivo de asegurar recursos en un entorno financiero más restrictivo.

Desde la óptica del mercado, la demanda fue elevada. El libro de órdenes alcanzó cerca de USD 23.200 millones y contó con la participación de más de 290 inversionistas, principalmente de Reino Unido y Estados Unidos. Para el Gobierno, este resultado confirma que Colombia mantiene presencia activa en los mercados internacionales, incluso en un escenario de tasas altas y mayor aversión al riesgo.

El foco del debate, sin embargo, se ha desplazado del acceso al precio y al perfil del endeudamiento. El exministro de Hacienda José Manuel Restrepo Abondano advirtió que la señal del mercado no debe leerse únicamente como respaldo. “Cuando un gobierno se endeuda caro y a corto plazo, no gestiona el riesgo: lo patea hacia adelante. El mercado presta, sí, pero cobra caro porque no cree”, señaló, al referirse al diferencial frente a emisiones de otros países de la región.

En su análisis, Restrepo subrayó que la magnitud de la operación revela una presión inmediata de caja más que una decisión estructural. “Los montos son inusualmente altos y reflejan que el Gobierno necesita encajarse rápido, ante el temor de que las tasas sigan subiendo por la creciente incertidumbre interna”, afirmó, el destacado economista al mencionar factores como el impacto del salario mínimo sobre inflación y empleo.

El exministro también introdujo un elemento adicional de riesgo al advertir que estas operaciones pueden distorsionar variables macroeconómicas en el corto plazo. “Estas emisiones presionan temporalmente a la baja la tasa de cambio, sin fundamento estructural, y se suman a un endeudamiento interno que hoy resulta entre 50 % y 60 % más costoso que en 2022”, explicó Restrepo.

Bajo esa lectura, el problema no se limita a una emisión puntual. “El resultado es cerca de 400 billones de pesos de nueva deuda pública en apenas tres años, el mayor aumento registrado en un solo gobierno, con un déficit fiscal creciente cuyo impacto hacia adelante será inevitablemente brutal”, advirtió José Manuel Restrepo, al señalar la carga que enfrentará la siguiente administración.

Desde el Ejecutivo, el ministro de Hacienda, Germán Ávila, sostuvo que la operación responde a la estrategia de financiamiento definida y que la demanda registrada demuestra confianza de los inversionistas. El telón de fondo, sin embargo, sigue siendo exigente: finanzas públicas tensionadas y una credibilidad institucional afectada por los recientes escándalos de corrupción que han golpeado al sector Hacienda y a otras entidades del Estado.

La emisión confirma que Colombia puede endeudarse en los mercados internacionales. Finalmente, la discusión abierta es a qué costo, con qué plazos y con cuánta capacidad tendrá el próximo gobierno para administrar la factura heredada.