Desde la colectividad alegan que el caricaturista, hoy candidato al Congreso por el Pacto Histórico, habría violado la Ley 2453 de 2025 tras publicar un mensaje considerado ofensivo y degradante.
La confrontación política generada por un trino del caricaturista y aspirante al Senado Julio César González, más conocido como Matador, escaló este martes al plano institucional, tras el anuncio de una denuncia formal en su contra por parte del Centro Democrático. El partido lo acusa de incurrir en violencia política contra la senadora Paloma Valencia y de haber vulnerado la Ley 2453 de 2025, que protege la participación política de las mujeres frente a agresiones simbólicas o discursivas.
Esta acción será interpuesta ante el Consejo Nacional Electoral (CNE), según lo confirmó el presidente de la colectividad, Gabriel Vallejo Chujfi. “Radicaremos una denuncia formal contra Julio César González y el partido Pacto Histórico por cometer actos de violencia política en contra de Paloma Valencia”, escribió en su cuenta de X. El pronunciamiento fue acompañado de una exigencia expresa al CNE para que se investigue la posible infracción a la normativa vigente.
El hecho que originó la controversia fue un mensaje publicado por Matador el 12 de enero, en el que se burla de la congresista mediante una frase atribuida a Jaime Garzón —“no se dirige al país, se digiere al país”— y un montaje visual que la asocia con una escultura de paloma. El contenido, que superó el millón de visualizaciones, fue calificado por dirigentes del Centro Democrático como ofensivo, misógino y contrario a los principios del debate democrático.
Vallejo también cuestionó duramente la candidatura de Matador al Congreso. “Es un ser humano despreciable, lleno de odio, envidia y resentimiento. Ojalá no llegue al Congreso de la República”, señaló en una segunda publicación, elevando el tono de la disputa hacia el terreno ético y reputacional.
Más allá del cruce verbal, la denuncia busca que el CNE evalúe si existe responsabilidad disciplinaria o electoral por parte del caricaturista y del partido que lo respalda. La Ley 2453 de 2025, invocada por los denunciantes, contempla sanciones frente a actos de violencia política de género, incluidas manifestaciones simbólicas que afecten el ejercicio de los derechos políticos de las mujeres.
El caso podría sentar un precedente relevante sobre los límites del discurso político en campañas, especialmente cuando involucra a candidatos que provienen del ámbito del humor o de la opinión pública. En un entorno electoral marcado por el uso intensivo de redes sociales y la polarización creciente, el llamado del Centro Democrático apunta a que la autoridad electoral trace una línea clara frente a los discursos que, a su juicio, cruzan de la crítica política al ataque personal con sesgo de género.
