Aunque no se han reportado capturas ni responsables identificados, el caso reabre el debate sobre las garantías de seguridad para concejales y líderes locales en regiones periféricas. Organizaciones de derechos humanos advierten que estos hechos, cuando no son esclarecidos con rapidez, tienden a escalar y a debilitar la confianza ciudadana en las instituciones democráticas.
La Defensoría del Pueblo alertó este sábado (10-01-2026) sobre una grave amenaza contra el concejal de Leticia Homero de Jesús Benjumea, luego de que en la madrugada fuera incinerado su vehículo frente a su lugar de residencia. El hecho, señaló la entidad, pone en riesgo la vida del funcionario y afecta de manera directa el ejercicio de la función pública y la participación política en el municipio.
En un pronunciamiento difundido en redes sociales, la Defensoría expresó su solidaridad con el concejal y su familia, y advirtió que este tipo de actos intimidatorios no solo tienen un impacto personal, sino que buscan generar temor y silenciamiento en escenarios de representación democrática local, especialmente en territorios con condiciones de seguridad frágiles.
El organismo de control instó a las autoridades competentes a avanzar con celeridad en las investigaciones para esclarecer lo ocurrido, identificar a los responsables y adoptar medidas de protección inmediatas que garanticen la integridad del cabildante. Hasta el momento, no se han informado capturas ni hipótesis oficiales sobre los móviles del ataque.
La Defensoría también enmarcó el hecho dentro del Compromiso por unas Elecciones Democráticas y en Paz, iniciativa que promueve garantías para el ejercicio político en contextos electorales. En ese sentido, hizo un llamado a los partidos y movimientos políticos para que rechacen de manera categórica este tipo de acciones y contribuyan a desescalar prácticas de intimidación que erosionan la democracia.
Leticia y el trapecio amazónico enfrentan dinámicas complejas asociadas a economías ilegales y a una presencia institucional limitada, factores que incrementan la vulnerabilidad de líderes sociales y autoridades locales. Organizaciones defensoras de derechos humanos han advertido que la estigmatización y las amenazas contra actores políticos suelen anteceder escaladas de violencia en regiones periféricas.
El caso reabre el debate sobre las garantías efectivas para concejales y líderes locales en zonas apartadas del país, así como la necesidad de respuestas rápidas y coordinadas del Estado para prevenir nuevos hechos de intimidación. Mientras avanzan las indagaciones, la Defensoría reiteró que la protección de la vida y del ejercicio democrático debe ser prioritaria.
