El documento atribuye a Nicolás Maduro la protección de esa estructura, mientras expertos en Derecho Internacional destacan que esta red aprovecha jerarquías militares, servicios de inteligencia y coberturas diplomáticas para narcotráfico masivo, configurando una gravedad penal superior a mafias tradicionales..
La acusación del Distrito Sur de Nueva York perfila la existencia de una red criminal articulada desde el Estado venezolano para proteger y facilitar el tráfico internacional de cocaína. El indictment sostiene que esa estructura, conocida como ‘Cartel de los Soles’, habría operado con participación de mandos civiles, militares y de inteligencia bajo protección política de alto nivel.
Según el documento judicial, Nicolás Maduro “participa, perpetúa y protege una cultura de corrupción” mediante la cual élites venezolanas obtienen beneficios económicos del narcotráfico. Los recursos ilícitos, añade la acusación, se distribuyen entre funcionarios civiles, miembros de las Fuerzas Armadas y agentes de inteligencia que actúan dentro de un sistema de patrocinio criminal.
Martín Eduardo Botero, abogado experto en Derecho Internacional, explicó que el “Cartel de los Soles no es una consigna política, es una calificación judicial”. Subrayó que la acusación federal “no se ocupa de retóricas ni de relatos partidistas, describe hechos, estructuras, conductas y responsabilidades penales”. En su concepto, la discusión “dejó de ser política: es penal, y con soporte probatorio”.
La acusación no se basa en la pertenencia formal a un “cartel” tradicional. Apunta a la dirección y protección de un sistema criminal desde el aparato estatal. De acuerdo con Botero, esa estructura usa instituciones públicas, jerarquías militares, servicios de inteligencia, puertos, aeropuertos y coberturas diplomáticas para garantizar operaciones de narcotráfico.
Esa combinación, en derecho penal contemporáneo, según Botero, configura una gravedad superior a la de un cartel convencional. En ese sentido, el indictment plantea que no es necesario declarar al Cartel de los Soles como organización autónoma para atribuir responsabilidad penal. Resulta suficiente probar la existencia de un patrón sostenido, beneficios económicos ilícitos y protección desde la cúspide del poder.
Botero también advirtió que el proceso no enjuicia a Venezuela como nación. El señalamiento recae sobre quienes habrían convertido al Estado en plataforma criminal. “La soberanía protege pueblos; no protege redes de narcotráfico estatalizadas”, afirmó.
La causa continúa su trámite en la jurisdicción estadounidense y se convierte en uno de los procesos penales internacionales más relevantes contra un jefe de Estado en ejercicio en la región.
