La acusación lo ubica en la cúspide de una estructura criminal conocida como el ‘Cartel de los Soles’, la cual, durante más de dos décadas, habría utilizado el aparato estatal venezolano para mover cientos de toneladas de droga en alianza con organizaciones delictivas trasnacionales.
Nicolás Maduro será presentado ante la Corte del Distrito Sur de Nueva York para responder por cuatro cargos penales relacionados con narcotráfico y terrorismo, luego de su captura y traslado desde Caracas. La acusación formal sostiene que, durante más de 25 años, altos funcionarios venezolanos habrían corrompido instituciones del Estado para facilitar el envío de miles de toneladas de cocaína hacia Estados Unidos y otros destinos, con Maduro en la cúspide de ese entramado.
El documento del gran jurado describe a Maduro como “de facto, pero ilegítimo” gobernante de Venezuela y afirma que ha aprovechado todos los cargos que ha ocupado —diputado, canciller, vicepresidente y presidente— para proteger y expandir operaciones de narcotráfico. La acusación señala que esa dinámica habría enriquecido y blindado políticamente a la élite civil y militar, incluyendo a su esposa Cilia Flores, su hijo Nicolás Maduro Guerra y figuras como Diosdado Cabello y Ramón Rodríguez Chacín.
Según la Fiscalía, Venezuela se convirtió desde 1999 en plataforma de tránsito para cocaína producida en Colombia y enviada por vía marítima y aérea hacia el Caribe, Centroamérica y México, con destino final al mercado estadounidense. El texto estima que, hacia 2020, entre 200 y 250 toneladas de cocaína al año pasaban por territorio venezolano con protección de autoridades civiles, militares y de inteligencia, bajo el esquema conocido como “Cartel de los Soles”.
La acusación detalla alianzas con organizaciones designadas como terroristas o narco-terroristas: FARC, ELN, Cártel de Sinaloa, Zetas/Cartel del Noreste y Tren de Aragua. A estos grupos se les atribuye producción, transporte y protección de cargamentos, mientras la red vinculada a Maduro habría aportado cobertura institucional, acceso a puertos, aeropuertos y pistas clandestinas, y uso de infraestructura estatal para operaciones logísticas y lavado de activos.
Entre los hechos concretos citados figuran la venta de pasaportes diplomáticos a traficantes y el uso de vuelos con “cobertura diplomática” para mover dinero ilícito entre México y Venezuela; el despacho de más de 5,5 toneladas de cocaína en un avión DC-9 desde Maiquetía hacia México; el envío de 1,3 toneladas de droga en un vuelo comercial a París; y el uso del hangar presidencial y de colectivos armados para asegurar cargamentos y silenciar deudores.
El escrito también menciona el presunto rol de Cilia Flores en el cobro de sobornos a gran escala, la participación de Nicolás Maduro Guerra en vuelos de PDVSA donde se cargaban paquetes que la acusación identifica como droga, y reuniones de alto nivel con mandos de las FARC y el ELN en instalaciones militares y en el Palacio de Miraflores para asegurar protección territorial y suministro de armas.
En el plano jurídico, Maduro enfrenta: i) una conspiración de narcoterrorismo (21 USC 960a) por presuntamente financiar y apoyar a organizaciones designadas como terroristas mediante el tráfico de cocaína; ii) una conspiración para importar cocaína a Estados Unidos (21 USC 963, 952, 959), con volúmenes superiores a cinco kilos; iii) un cargo por uso y porte de ametralladoras y dispositivos destructivos en relación con delitos de narcotráfico; y iv) una conspiración para poseer ese tipo de armamento (18 USC 924(c) y 924(o)). Estas figuras contemplan penas que pueden llegar a cadena perpetua y la pérdida de bienes y armas involucrados.
Finalmente, con su detención ya ejecutada, el caso pasa ahora a la fase de procesamiento judicial, en la que la Fiscalía deberá probar ante un jurado que el expresidente venezolano no solo conocía estas operaciones, sino que las dirigió como parte de una política criminal sostenida desde el aparato del Estado.
