El gremio constructor señaló que el nuevo escenario salarial introduce mayores presiones de costos en una actividad intensiva en mano de obra y con amplia indexación regulatoria. También advirtió sobre el deterioro de la asequibilidad para los hogares de menores ingresos y planteó la necesidad de políticas integrales que combinen productividad, empleo formal y vivienda, en lugar de depender exclusivamente de los ajustes anuales.
La Cámara Colombiana de la Construcción (Camacol) manifestó su “profunda preocupación” por el aumento del salario mínimo anunciado para 2026 y sostuvo que la medida podría tener efectos relevantes en el mercado de vivienda, en particular en los segmentos de interés social. Según estimaciones preliminares del gremio, el impacto agregado sobre los precios podría aproximarse al 10 %, afectando la capacidad de compra de los hogares y la viabilidad de nuevos proyectos.
El comunicado señala que la decisión, adoptada de manera unilateral, “carece de sustento técnico suficiente” y se aparta del principio de concertación tripartita. Desde su perspectiva, el salario mínimo funciona como una variable de indexación para múltiples componentes del sector: tarifas, sanciones, aportes, costos de seguridad social y salud. Ese mecanismo de transmisión, sumado al ajuste decretado, generaría presiones inflacionarias adicionales en un contexto económico ya exigente.
Camacol subraya que la construcción es una actividad intensiva en mano de obra y el ajuste del mínimo decretado por el Gobierno, eleva de manera directa el costo laboral —que representa cerca de una cuarta parte de los costos totales de obra— y, al mismo tiempo, añade efectos indirectos sobre insumos, transporte y servicios asociados.
Con base en esos elementos, la Cámara advierte que los costos de construcción podrían incrementarse alrededor de 4 %, presión que terminaría reflejándose en el precio final de las viviendas. Una de las mayores alertas se dirige a la Vivienda de Interés Social (VIS). Al estar sus topes definidos en salarios mínimos, un incremento significativo del mínimo legal eleva automáticamente los precios máximos permitidos para la VIS, deteriorando su asequibilidad y expulsando del mercado formal a miles de hogares con ingresos variables o informales.
Según el gremio, los segmentos que la política busca proteger serían justamente los más afectados. El pronunciamiento también aborda el mercado laboral del sector. La organización estima que el aumento del mínimo encarece la contratación formal y puede profundizar tensiones en un país donde más de la mitad de los ocupados permanece en la informalidad. Para ese conjunto de trabajadores, argumenta, no necesariamente se materializa un mayor ingreso real, pero sí un mayor costo de vida.
Guillermo Herrera, presidente de Camacol, sintetizó la postura gremial afirmando que “es un buen eslogan, pero una mala política”. A su juicio, mejorar el ingreso de quienes ya cuentan con empleo no debería hacerse a costa de frenar la generación de nuevos puestos, presionar la inflación o encarecer la vivienda social.
Finalmente, Camacol reiteró que el salario mínimo no puede convertirse en el único instrumento de política social y pidió una estrategia basada en productividad, crecimiento económico, empleo formal y políticas de vivienda que amplíen, en lugar de restringir, el acceso a soluciones habitacionales dignas.
