En su análisis, reconoció que el incremento del salario mínimo genera mayores ingresos para una parte de los trabajadores y estimula el consumo, aunque advirtió impactos complejos: más presión inflacionaria, aumento del gasto público y riesgos sobre el empleo formal. También pidió al Gobierno explicar cómo manejará esos efectos.
El exministro de Hacienda José Antonio Ocampo se sumó al debate sobre el incremento del salario mínimo y planteó reservas por sus efectos macroeconómicos. Aunque aceptó beneficios distributivos iniciales, advirtió que los costos asociados pueden ser difíciles de administrar en materia de inflación, empleo formal y finanzas públicas.
Ocampo señaló que el aumento tendrá un impacto positivo acotado. Según dijo, beneficiará directamente a una fracción de la población ocupada y dinamizará el consumo en el corto plazo; sin embargo, subrayó que los riesgos son mayores. En ese sentido, aseguró que “a pesar de que el inesperado y elevado aumento del salario mínimo tendrá efectos positivos para una décima parte de los trabajadores colombianos y aumentará la demanda agregada, sus efectos negativos serán complejos de manejar”.
Su análisis pone el acento en el mercado laboral. Recordó que el país registra elevados niveles de informalidad y que el incremento salarial se superpone con mayores costos derivados de la reforma laboral. Para Ocampo, “se agrega a los costos laborales que genera la reforma laboral, lo cual tendrá efectos sobre el empleo formal, en un contexto en el cual casi la mitad de los trabajadores urbanos y más del 80 % de los rurales son informales”.
Dado el complejo contexto, advirtió que el impacto sería especialmente fuerte sobre micro y pequeñas empresas. El exministro también abordó la transmisión a precios. Afirmó que el aumento del mínimo incidirá sobre bienes y servicios indexados y sobre los costos productivos, con posibles efectos en la canasta familiar.
Sobre el particular, remarcó que “la inflación aumentará, directamente por el amplio grupo de bienes y servicios que están indexados al salario mínimo, y por los aumentos en costos de producción, lo cual incluso podría obligar al Banco de la República a aumentar las tasas de interés”.
En el frente fiscal, advirtió presiones adicionales derivadas del mayor gasto indexado, entre ellas el costo de pensiones y subsidios. Finalmente, interpeló al Ejecutivo al señalar que “el Gobierno debe explicar públicamente cómo va a manejar estos efectos negativos y por qué adoptó esta decisión al final de su mandato, dejando que sus efectos tengan que manejarlos el próximo gobierno”.
Con sus declaraciones, el debate sobre el salario mínimo pasó del terreno político a uno de carácter macroeconómico, centrado en estabilidad de precios, sostenibilidad fiscal y empleo formal.
