Un informe de la Defensoría del Pueblo revela que entre enero y noviembre de 2025 fueron asesinados 165 líderes y defensores de derechos humanos y 37 firmantes del Acuerdo de Paz. La violencia sistemática y el aumento de masacres agravan la crisis de seguridad en los territorios.
La defensa de los derechos humanos y el liderazgo social en Colombia continúan desarrollándose en medio de un escenario de alto riesgo.
Así lo advierte el más reciente informe de la Defensoría del Pueblo, que da cuenta de una persistente y preocupante violencia contra quienes trabajan por sus comunidades y por la consolidación de la paz en los territorios.
De acuerdo con el reporte, entre el 1 de enero y el 30 de noviembre de 2025 fueron asesinados 165 líderes, lideresas y defensores de derechos humanos en el país. La mayoría de las víctimas fueron hombres, con 143 casos registrados, mientras que 22 mujeres también perdieron la vida de manera violenta. Estas cifras se suman a un registro histórico que, desde enero de 2016 hasta la fecha, acumula 1.653 homicidios, lo que evidencia que se trata de una tragedia prolongada y no de hechos aislados.
La situación de los firmantes del Acuerdo de Paz también genera alarma. En lo que va de 2025, la Defensoría ha confirmado el asesinato de 37 personas en proceso de reincorporación.
Enero fue el mes más crítico, con nueve homicidios, y la violencia se mantuvo de forma constante en otros periodos del año, reflejando la fragilidad de las garantías de seguridad para quienes dejaron las armas y apostaron por la legalidad.
El informe también alerta sobre el recrudecimiento de la violencia colectiva. Entre enero y noviembre se registraron 75 masacres en distintas regiones del país, hechos que dejaron 247 víctimas mortales. Agosto se convirtió en el mes más sangriento, con 15 masacres, una cifra que duplicó el promedio mensual observado durante el resto del año.
En términos territoriales, la violencia se concentra en departamentos históricamente golpeados por la presencia de grupos armados ilegales y economías ilícitas.
Cauca aparece como el territorio más afectado por los asesinatos de líderes y defensores, seguido por Antioquia, Valle del Cauca y Norte de Santander.
Estas mismas regiones figuran entre las más impactadas por masacres y homicidios de firmantes de paz, lo que refleja una presión constante sobre comunidades rurales y zonas estratégicas.
Ante este panorama, la Defensoría del Pueblo reiteró su llamado a las autoridades nacionales y territoriales para fortalecer de manera urgente las medidas de protección.
