Nueve personas, entre funcionarios de la Policía Nacional, servidores del CTI y particulares, fueron capturadas en varias ciudades del país por exigir entre 400 y 1.000 millones de pesos a cambio de frenar decisiones judiciales. La Fiscalía imputará múltiples delitos relacionados con corrupción y obstrucción a la justicia.
La Fiscalía General de la Nación desarticuló una red de corrupción integrada por funcionarios públicos y particulares que, presuntamente, cobraba altas sumas de dinero para direccionar procesos judiciales por lavado de activos que se adelantaban en la entidad.
Las irregularidades fueron detectadas gracias a actividades investigativas lideradas por un Grupo de Tareas Especiales creado por la Fiscalía. Como resultado, en operativos realizados de manera simultánea en Bogotá, Chiquinquirá (Boyacá), Pereira (Risaralda) y Granada (Meta), fueron capturadas nueve personas señaladas de hacer parte del entramado delictivo.
Entre los detenidos se encuentran cuatro integrantes de la Dijin de la Policía Nacional: el capitán Nelson Fabián Pinzón Rodríguez, los subintendentes Carlos Iván Mendieta Moya y Leonardo Albeiro Padilla Cajamarca, y el patrullero Michael Sebastián Laguado Carrillo. También fueron capturados los servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) Jimmy Alexander Rodríguez Corredor y Luis Fernando Villalba Cogollo, así como los exfuncionarios Luis Eduardo Riveros García y Rosember Gil Ramírez, quienes habrían tenido vínculos con la Sijin y el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec).
De acuerdo con la investigación, los implicados habrían aprovechado los cargos que desempeñaban para exigir entre 400 y 1.000 millones de pesos a un ciudadano que cumplió condena en Estados Unidos y a sus familiares. A cambio, ofrecían evitar la imposición de medidas cautelares con fines de extinción de dominio, impedir la ejecución de órdenes de captura y frenar otras actuaciones judiciales en su contra.
La Fiscalía ha documentado hechos ocurridos en los años 2014, 2015, 2024 y 2025. En algunos de estos episodios, los investigados se habrían reunido con las víctimas en Bogotá y Villavicencio, donde les mostraban información reservada sobre procedimientos judiciales para ejercer presión y aumentar los cobros ilícitos.
El ente acusador también estableció que algunos de los señalados, quienes cumplían funciones de policía judicial, habrían eliminado elementos materiales probatorios y evidencias con el fin de alterar el curso de las investigaciones. Además, se les atribuye haber constreñido a testigos para que entregaran información falsa sobre los familiares del condenado, como represalia por no acceder a las exigencias económicas.
Por estos hechos, fiscales de la Seccional Bogotá y de la Dirección Especializada contra la Corrupción imputarán a los capturados, según su grado de participación, delitos como concierto para delinquir, concusión, falsedad ideológica en documento público, fraude procesal, tráfico de influencias, acceso abusivo a sistema informático, amenazas a servidor público y abuso de autoridad por acto arbitrario.
