Esta situación se presenta en un contexto de alta demanda de servicios y carga procesal creciente en varias regiones. La entidad indicó que continuará insistiendo ante las autoridades económicas para priorizar el flujo de recursos y evitar mayores afectaciones a usuarios y equipos técnicos.
La Defensoría del Pueblo cerró el año con una alerta interna que escaló al plano político: la falta de recursos para pagar honorarios a miles de contratistas, entre ellos el componente más sensible de su operación, la defensa pública. La defensora Iris Marín Ortiz expuso que, pese a la gestión administrativa y las solicitudes elevadas ante el Ministerio de Hacienda, no fue posible girar los pagos en diciembre.
En un comunicado divulgado en X, la funcionaria reconoció el impacto del incumplimiento y apuntó al origen del bloqueo financiero. “Lamento que no haya sido posible hacer el pago antes de navidad como lo esperábamos. Agotamos todas las posibilidades que estuvieron a nuestro alcance para lograr que @MinHacienda pusiera los recursos para el pago de los honorarios de todos nuestros contratistas, incluyendo a más de 4.200 defensores y defensoras públicas”, señaló Iris Marín.
El mensaje no se limitó a un reclamo presupuestal. Marín conectó el retraso con una consecuencia institucional directa: la afectación de la Defensa Pública, servicio que sostiene la representación judicial de quienes no pueden pagar abogado. En un tono que buscó dimensionar el costo social de la demora, la defensora subrayó la carga de trabajo que ya recae sobre ese equipo.
“La Defensa Pública es parte integral del sistema de justicia de Colombia, permite el acceso a la justicia a quienes no tienen medios para pagar su representación judicial. Cada defensor, defensora pública, lleva más procesos de los que es razonable”, explicó la defensora del Pueblo.
Yendo más allá, en una segunda publicación, Marín planteó que la discusión no es solo de caja, sino de autonomía constitucional. Según su relato, el monto de la Defensoría incorporado al proyecto de presupuesto fue definido por Hacienda muy por debajo de lo solicitado y el asignado para 2025. La defensora añadió que, en el trámite legislativo, algunos congresistas argumentaron que no podían respaldar un aumento sin aval del Ministerio, aval que —según dijo— no se produjo.
El punto crítico, de acuerdo con la funcionaria, llegó en diciembre, cuando la entidad fue notificada de que no contaría con recursos para pagar a más de 5.160 contratistas y defensores públicos, pese a que los valores estaban apropiados y comprometidos mediante contratos ya ejecutados.
Frente a esa situación, Iris Marín cuestionó la forma en la que se llevan a la práctica algunos preceptos constitucionales de índole financiero. “¿Qué significa en la práctica la autonomía presupuestal constitucional de la Defensoría del Pueblo?”, interrogó la alta funcionaria.
Por ahora, la Defensoría insiste en destrabar el giro “lo antes posible”. Sin embargo, el episodio deja un flanco incómodo para el Ejecutivo: la política de financiamiento termina condicionando el funcionamiento de una entidad llamada, precisamente, a garantizar derechos y a vigilar al Estado, incluso cuando el costo inmediato lo pagan quienes defienden a los más vulnerables en estrados judiciales.
