Norte de Santander, Nariño, Cauca y Chocó concentran los mayores impactos del desplazamiento y el confinamiento forzado. El aumento de estos hechos estaría asociado a la expansión de grupos armados ilegales y a la disputa por el control de rutas y rentas del narcotráfico y otras economías criminales en los territorios.
La crisis humanitaria ligada al conflicto armado no ha cedido en Colombia; por el contrario, mantiene una tendencia preocupante. De acuerdo con el más reciente boletín sobre dinámicas de movilidad humana forzada de la Defensoría del Pueblo, entre el 1 de enero y el 30 de noviembre más de 211.000 personas fueron víctimas directas de desplazamiento y confinamiento. En ese periodo, 101.474 habitantes tuvieron que abandonar sus hogares, mientras que 110.375 permanecieron forzadamente encerrados en sus territorios por la acción de actores armados ilegales.
Asimismo, el informe evidencia que no se trata de hechos aislados o coyunturales. En total, la Defensoría registró 116 eventos de desplazamiento masivo y 93 situaciones de confinamiento. Ambos fenómenos —según la entidad— “han vulnerado los derechos fundamentales de hombres, mujeres y niños, niñas y adolescentes”, especialmente en áreas rurales caracterizadas por una limitada presencia institucional. Como resultado, las comunidades enfrentan restricciones a la movilidad, amenazas, instalación de minas antipersonal y controles ilegales sobre la vida cotidiana.
En cuanto a la distribución territorial, el mapa del conflicto muestra patrones definidos. Por un lado, Norte de Santander, Nariño y Cauca concentran la mayor cantidad de casos de desplazamiento forzado, asociados a disputas por corredores estratégicos y economías ilícitas.
Por otro, los departamentos de Chocó, Cauca y Huila presentan los índices más críticos de confinamiento, donde comunidades completas se han visto impedidas para circular, cultivar, asistir a clases o recibir atención médica. En palabras de la Defensoría, “estas cifras que han aumentado en lo corrido del año demuestran que la crisis humanitaria persiste en los territorios más vulnerables del país”.
Ante este panorama, la entidad formuló un llamado directo a las autoridades nacionales y locales. Instó a “la implementación urgente de políticas específicas de prevención y respuesta en los territorios con mayores índices de desplazamiento forzado y confinamiento” y subrayó que dichas acciones deben tener enfoque territorial, étnico y de género, además de garantizar presencia efectiva y sostenida del Estado y de la oferta humanitaria.
Paralelamente, el boletín advierte sobre el incremento de los movimientos migratorios mixtos. Entre el 1 de enero y el 15 de noviembre, 141.128 personas transitaron de forma irregular por el país. Del total, el 40,41 % son mujeres, el 38,27 % hombres y el 21,32 % corresponde a niños, niñas y adolescentes. La mayoría proviene de Venezuela (136.950 personas), seguida por flujos menores desde Ecuador, Perú y República Dominicana.
De igual manera, se documentó migración inversa. En el mismo periodo, 19.134 personas ingresaron a Colombia por la ruta La Miel–Capurganá (Chocó) desde Panamá, con predominio de hombres (55,8 %), seguidos de mujeres (25,3 %) y menores de edad (19 %). Nuevamente, Venezuela encabeza la lista de países de origen.
En conclusión, para la Defensoría del Pueblo tanto el desplazamiento y el confinamiento como la migración irregular e inversa “vulneran derechos fundamentales como la vida, la salud, la alimentación, el trabajo, la educación, el acceso al agua y al saneamiento básico”. Por ello, el balance insiste en que la respuesta estatal debe ser inmediata, coordinada y con presencia real en terreno, a fin de proteger a las comunidades que siguen atrapadas entre la violencia y la ausencia de garantías efectivas.
