La Fundación advierte que la declaratoria de Estado de Emergencia Económica y Social no cumple los requisitos constitucionales ni legales, al basarse en problemas fiscales previsibles y no en hechos extraordinarios e imprevistos.
La Fundación para el Estado de Derecho alertó que el Decreto 1390 de 2025, mediante el cual el Gobierno Nacional declaró el Estado de Emergencia Económica y Social en todo el territorio, no cumple las condiciones exigidas por la Constitución Política para este tipo de medidas excepcionales.
Tras analizar el contenido del decreto, la Fundación concluyó que la declaratoria desconoce lo establecido en el artículo 215 de la Constitución, la Ley Estatutaria 137 de 1994 y la jurisprudencia reiterada de la Corte Constitucional.
Según la organización, los estados de excepción solo proceden ante hechos extraordinarios, imprevisibles y graves que amenacen de manera inminente el orden económico o social y que no puedan ser enfrentados con los mecanismos ordinarios del Estado.
En este caso, la Fundación sostiene que las causales invocadas por el Gobierno no corresponden a hechos súbitos o extraordinarios, sino a situaciones previsibles y conocidas, varias de ellas derivadas de decisiones y omisiones del propio Ejecutivo.
Entre estas menciona el incremento del gasto público, el cumplimiento de sentencias judiciales, compromisos contractuales previamente adquiridos, problemas de liquidez, restricciones de endeudamiento y la no aprobación de reformas tributarias por parte del Congreso.
La entidad también señaló que aspectos como el aumento de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) en salud, los recursos para seguridad, el cumplimiento de fallos judiciales y el pago de obligaciones atrasadas hacen parte de compromisos ordinarios del Estado y, por tanto, no constituyen hechos excepcionales que justifiquen la declaratoria de un estado de excepción.
Respecto al déficit fiscal, la Fundación afirmó que este no puede considerarse un hecho extraordinario, sino el resultado del aumento del gasto público, reconocido por el propio Gobierno en el Marco Fiscal de Mediano Plazo y advertido por el Comité Autónomo de la Regla Fiscal (CARF) en sus pronunciamientos de 2024 y 2025. A su juicio, se trata de una tensión fiscal derivada de decisiones de política pública y no de una crisis imprevista.
Asimismo, la Fundación advirtió que el Decreto no demuestra que se hayan agotado los mecanismos ordinarios disponibles para enfrentar la situación fiscal, como la reducción y priorización del gasto, el aplazamiento de apropiaciones, la austeridad presupuestal o el uso regular de instrumentos de crédito dentro de los límites legales.
La organización también hizo un llamado a la Corte Constitucional para que ejerza un control estricto sobre el Decreto 1390 de 2025 y sobre los decretos legislativos que se expidan en su desarrollo, con el fin de verificar el cumplimiento de los presupuestos constitucionales.
