Presidentes de Acemi y Andi acusan al Gobierno de excluir al sector privado, ignorar órdenes judiciales y simular comunicaciones no enviadas. Reclaman rigor técnico en el cálculo de la UPC y una investigación por posible falsedad para evitar una crisis mayor en el sistema de salud.
Dirigentes gremiales del sector salud arreciaron sus críticas al Ministerio de Salud por el manejo de la Unidad de Pago por Capitación (UPC), el principal mecanismo de financiación del aseguramiento, del que dependen consultas, medicamentos y hospitalizaciones de millones de afiliados. Advirtieron que un valor desajustado frente a los costos reales profundizó la crisis de liquidez y presiona la sostenibilidad del sistema.
Ana María Vesga, presidenta de Acemi, señaló en X que llevan “tres años y medio” insistiendo en ajustes técnicos a la UPC sin que el Ministerio incorpore las propuestas del sector. Recordó que, pese a una orden de la Corte Constitucional, persisten el desorden administrativo y las fallas en las comunicaciones oficiales, y enfatizó que “los pacientes y usuarios merecen responsabilidad y respeto” y que el ajuste “debe darse con base técnica”.
Por su parte, Bruce Mac Master, presidente de la Andi, calificó de “vergonzosa y descarada” la actuación del Ministerio, al considerar que “no le importa la salud de los colombianos, solo le importa manipular la opinión pública y mantener el control del manejo de los recursos económicos”.
Cuestionó además, que la cartera exhibía oficios que “sabe perfectamente no fueron enviados a la Andi oa Acemi” como si hubieran sido remitidos, y pidió investigar si esa publicación configura “falsedad en documento público” y un nuevo incumplimiento de órdenes de la Corte Constitucional.
Juan Carlos Bernal Pérez calificó de “inaudito que el Gobierno calcule la UPC sin tener en cuenta la experiencia del sector privado y el gremio que representa a las EPS”, al considerar que esa exclusión refleja “incompetencia y falta de conocimiento de las necesidades del sistema de salud”.
En la misma línea argumentativa, aseguró que, sin la participación de los actores que conocen el comportamiento del gasto, el Gobierno terminará diciendo “que no alcanza la plata”, mientras se agrava la crisis financiera y de sostenibilidad del sistema.
Los gremios coinciden en que el ajuste de la UPC debe definirse con criterios actuariales sólidos y participación efectiva de todos los actores, pues de su suficiencia depende la estabilidad de EPS, hospitales y clínicas, y en última instancia, la calidad y oportunidad de la atención que reciben los usuarios.
