Desde distintos frentes se cuestionan la coherencia del Ejecutivo al justificar medidas extraordinarias con aumentos en la Unidad de Pago por Capitación, cuando durante años sostuvo que los recursos eran suficientes. La controversia revive el debate sobre desfinanciación intencional del sistema de salud desde 2022 y el uso de impuestos ciudadanos para cubrir déficits no reconocidos.
El uso de la Unidad de Pago por Capitación como argumento central para decretar la emergencia económica ha generado fuertes críticas de expertos en salud pública, quienes califican la estrategia gubernamental como contradictoria y lesiva para el sistema.
Andrés Vecino, economista y especialista en salud, calificó la medida como «cínica y una bofetada a pacientes y trabajadores de la salud». Su cuestionamiento apunta a una contradicción fundamental: «el ministro Jaramillo y el presidente llevan ya años diciendo que la UPC es suficiente», incluso sin que en las mesas de negociación se definiera «una cifra de UPC para 2025».
La cronología presentada por Vecino revela que la desfinanciación no constituye un hecho sobreviniente, como sugiere el decreto de emergencia. «La primera reducción de presupuesto al sistema de salud empezó en septiembre de 2022 cuando la entonces ministra Corcho solicitó reducir el presupuesto para 2023», señaló el experto, quien enfatizó que «la desfinanciación lleva años, fue intencional y no es un hecho sobreviniente».
El núcleo del problema, de acuerdo con el análisis de Vecino, radica en decisiones de priorización presupuestal. El Gobierno «redujo los recursos de aseguramiento y en parte los desvió para otros fines», explicó. Ahora pretende que los ciudadanos asuman mediante impuestos 3,3 billones de pesos de los 15 billones que representa la insuficiencia de la UPC, una cifra que paradójicamente no reconoce oficialmente y que justifica como «igualación de UPC».
Andrés Forero, representante a la Cámara por el Centro Democrático y aspirante al Senado, reforzó esta crítica señalando una contradicción específica. «¡Qué cinismo el de Jaramillo y MinHacienda!», expresó el congresista, quien recordó que «en la Comisión VII decían que con o sin ley de financiamiento la reforma a la salud estaba fondeada».
Meses después; según Forero, quien ha sido desde el Congreso uno de los más críticos del ministro Jaramillo; ese mismo argumento financiero sirve para sustentar el decreto de emergencia. «La mentira como principio», concluyó el representante a la Cámara sobre la estrategia gubernamental.
Por su parte, Andrés Vecino también advirtió sobre un elemento técnico relevante: «por las intervenciones, el gobierno tiene amplio control de los recursos de UPC de régimen subsidiado y esos recursos no están sujetos a ley de garantías», lo que amplía su margen de maniobra presupuestal en este componente del sistema. «No se dejen engañar», concluyó el experto.
La controversia evidencia tensiones profundas sobre la sostenibilidad financiera del sistema de salud colombiano y la transparencia en el manejo de sus recursos.
