Un contrato por más de $2.863 millones adjudicado por RTVC a una firma privada desató críticas desde la oposición, que cuestiona el gasto en medio de la emergencia económica y la anunciada imposición de nuevos impuestos.
El Sistema de Medios Públicos RTVC quedó en el centro de la controversia tras la adjudicación de un contrato por más de $2.863 millones a la empresa Performa S.A.S., una decisión que fue duramente cuestionada por sectores de la oposición en medio de la emergencia económica decretada por el Gobierno nacional.
La denuncia fue hecha por el representante a la Cámara del Centro Democrático, Andrés Forero, quien señaló que la contratación resulta contradictoria frente a la actual coyuntura fiscal del país y al anuncio del Ejecutivo de expedir decretos con nuevos impuestos para enfrentar el desfinanciamiento estatal.
De acuerdo con la información revelada, el contrato fue firmado el pasado 15 de diciembre de 2025 y tendrá una duración de apenas 16 días. El objeto del mismo es el desarrollo integral de una experiencia inmersiva de artes escénicas orientada a mostrar la evolución histórica del sistema de medios públicos en Colombia.
Según el documento contractual, Performa S.A.S. deberá encargarse de la conceptualización, diseño, producción, implementación y operación del proyecto, que combina museografía, tecnologías interactivas, arte digital y contenidos audiovisuales. El monto total adjudicado asciende a $2.863.600.000, cifra que ha generado cuestionamientos tanto por su cuantía como por el corto plazo de ejecución.
Forero instó a la ciudadanía a poner bajo la lupa este tipo de gastos durante la vigencia de la emergencia económica y lanzó fuertes críticas contra el gobierno. “A estos derrochones descarados se les cae la careta. ¡Quieren caja para las elecciones!”, expresó el congresista.
El contrato se conoce en un contexto marcado por el anuncio del gobierno de que los decretos expedidos al amparo de la emergencia incluirán nuevos impuestos, dirigidos principalmente a personas naturales y jurídicas con mayor capacidad contributiva, así como tributos asociados a impactos ambientales y de salud pública. La declaratoria, según explicó el Ejecutivo, responde a la no aprobación en el Congreso de dos proyectos de ley de financiamiento para las vigencias fiscales de 2025 y 2026.
