El organismo concluyó que se efectuaron pagos por implementación y soporte pese a que la plataforma nunca fue entregada ni operó de forma integral. Los recursos presuntamente malversados, provinieron de la tarifa regulada del sistema eléctrico, ahora corresponde al Ministerio de Minas y Energía actuar conforme a derecho.
La Contraloría General de la República determinó hallazgos fiscales por USD 26.215.600 en un contrato tecnológico celebrado por XM S. A. E.S.P., tras verificar incumplimientos que impidieron la puesta en funcionamiento del Sistema de Administración del Mercado (SAM).
El proceso se inició luego de una denuncia del Ministerio de Minas y Energía, que llevó al ente de control a realizar un análisis jurídico, técnico, financiero y contractual. Como resultado, la auditoría concluyó que el proyecto no alcanzó su objetivo principal.
“La solución tecnológica integral nunca fue entregada ni recibida a satisfacción, pese a las prórrogas concedidas al contratista”, señaló la Contraloría al sustentar el hallazgo asociado al contrato de implementación.
Según el informe, el mayor impacto fiscal corresponde a pagos por USD 15.634.924 relacionados con la ejecución del contrato principal, aun cuando no existió entrega funcional del sistema. La Contraloría estableció que se cancelaron bienes y servicios que no se materializaron.
En ese punto, el organismo advirtió que “se efectuaron pagos significativos por bienes y servicios que no fueron recibidos, configurándose una afectación directa al patrimonio público”. Adicionalmente, el ente de control identificó otro hallazgo por USD 10.580.676 en contratos asociados a diseño, capacitación, soporte y mantenimiento del software. Dichos pagos se realizaron pese a que el sistema no estaba validado ni operaba de forma integrada.
“Se evidenciaron pagos por actividades de soporte sobre componentes no implementados o que no podían ser operados, lo cual resulta contrario a la naturaleza del servicio contratado”, precisó la Contraloría.
Los contratos se financiaron con recursos del componente de inversión incluido en la tarifa regulada del sector, aprobada por la Comisión de Regulación de Energía y Gas. Finalmente, la Contraloría indicó que las reclamaciones y acciones judiciales emprendidas por XM se activaron cuando el daño fiscal ya se había consolidado. El informe fue remitido al Ministerio de Minas y Energía para las actuaciones correspondientes.
