A través de sus redes sociales, la líder de la oposición dio a conocer la interposición de la acción y, sostiene en su escrito, que no existieron hechos sobrevinientes ni imprevisibles. Además, advierte que la medida busca resolver por decreto problemas fiscales y decisiones rechazadas previamente por el Congreso.
La Corte Constitucional deberá revisar la legalidad del Decreto Legislativo 1390 de 2025, mediante el cual el Gobierno declaró el estado de emergencia económica y social por 30 días. La revisión se activa a partir de la demanda presentada por la senadora María Fernanda Cabal, que cuestiona el cumplimiento de los requisitos previstos en el artículo 215 de la Constitución.
De acuerdo con la acción, la declaratoria no se sustenta en una calamidad pública ni en hechos extraordinarios. Por el contrario, el escrito afirma que el Gobierno apoyó la medida en dificultades fiscales conocidas dentro del ciclo presupuestal. En ese marco, se citan el déficit fiscal, la insuficiencia de ingresos y el hundimiento de la ley de financiamiento como hechos que no tendrían carácter imprevisible.
“La emergencia económica no puede utilizarse para corregir errores de planeación ni para suplir la falta de respaldo político en el Congreso. El artículo 215 exige hechos sobrevinientes e imprevisibles, y ninguno de los invocados por el Gobierno cumple ese estándar constitucional”, señala la demanda.
Más adelante, el documento precisa que los problemas mencionados por el Ejecutivo forman parte del debate ordinario de política fiscal. En consecuencia, su elevación a estado de excepción —según la acción— desborda los límites constitucionales y afecta el equilibrio entre las ramas del poder público.
“El déficit fiscal y la no aprobación de una ley de financiamiento hacen parte de las contingencias normales del proceso democrático. Convertir esas situaciones en fundamento de una emergencia implica normalizar el gobierno por decreto y desdibujar el control legislativo”, advierte el escrito.
Tras la radicación de la demanda, la senadora y líder de la oposición se pronunció públicamente en sus redes sociales y sostuvo que la Corte debe intervenir para evitar que las facultades excepcionales se utilicen como mecanismo para imponer decisiones sin trámite legislativo previo.
“La emergencia no puede ser un instrumento para imponer por decreto lo que el Congreso negó democráticamente. Es el turno de la Corte para proteger la separación de poderes y evitar que los colombianos paguen los costos de decisiones fiscales adoptadas sin debate”, puntualizó Cabal.
Ahora, el alto tribunal deberá evaluar si el decreto cumple los presupuestos formales y materiales exigidos por la Constitución y si las medidas adoptadas se ajustan a los límites del estado de excepción declarado por el Gobierno del presidente Gustavo Petro.
