Los análisis de la entidad internacional advierten déficits fiscales elevados, aumento sostenido de la deuda y dificultades políticas para ordenar las finanzas públicas. La evaluación señala que estos desequilibrios se extenderán más allá de 2026, en un contexto marcado por rigideces del gasto, límites para nuevas reformas tributarias y un escenario electoral incierto.
Fitch Ratings anunció la rebaja de la calificación de riesgo soberano de Colombia a ‘BB’, desde ‘BB+’, con perspectiva estable, una decisión que refleja una visión más restrictiva sobre la capacidad del país para corregir sus desequilibrios fiscales en el corto y mediano plazo.
El principal factor detrás de la rebaja es la persistencia de déficits fiscales elevados, que continúan presionando la trayectoria de la deuda pública. En ese sentido, se advierte que “la persistencia de grandes déficits fiscales provocará que la deuda del gobierno general a PIB siga aumentando a mediano plazo y se desvíe aún más de la mediana de sus pares”, una señal de deterioro frente a economías comparables.
Aunque se reconocen fortalezas macroeconómicas, como la independencia del banco central y un historial de estabilidad frente a choques externos, estas ya no compensan el deterioro fiscal acumulado. De acuerdo con la evaluación, “las calificaciones se ven limitadas por los altos déficits fiscales, el aumento de la deuda/PIB, una alta carga de intereses y una alta dependencia de las materias primas”.
En términos concretos, el déficit del gobierno central se ubicaría en 6,5% del PIB en 2025 y aumentaría hasta 7,5% en 2026, superando las metas oficiales. Las recompras de deuda realizadas en 2025 aliviarán de forma temporal el pago de intereses, pero no corrigen el desequilibrio estructural. En ese contexto, se proyecta que “el gasto primario aumentará un 13% en 2025, lo que resultará en un déficit primario del 2,9% del PIB”.
Presión política y límites para el ajuste
Las dificultades para corregir las finanzas públicas se ven amplificadas por un entorno político restrictivo. En diciembre, el Congreso rechazó medidas tributarias orientadas a cerrar un faltante de financiamiento cercano a COP16 billones para el presupuesto de 2026. Bajo ese escenario, se anticipa que “las autoridades salientes y entrantes no podrán realizar suficientes ajustes en el gasto”, especialmente en un año preelectoral.
También se señalan riesgos asociados a la poca capacidad de reacción de las políticas estatales en materia de hacienda y finanzas públicas. En ese sentido, Fitch Ratings señala que “persisten riesgos fiscales a la baja debido al continuo bajo rendimiento de los ingresos y a la reticencia de la administración Petro a sacrificar sus prioridades de gasto”, un factor que refuerza la incertidumbre sobre la sostenibilidad de las cuentas públicas en los próximos años.
La trayectoria de la deuda constituye otro elemento de preocupación. Las proyecciones indican que alcanzará 62,8% del PIB en 2027, por encima del promedio de países con calificación ‘BB’. A ello se suma una vulnerabilidad cambiaria relevante, dado que “el 32% de la deuda total del Gobierno General está denominada en moneda extranjera”, lo que expone al país a choques externos.
El escenario político también introduce incertidumbre adicional. La cercanía de las elecciones legislativas y presidenciales de 2026 limita el avance de reformas estructurales y mantiene un Congreso fragmentado. En ese contexto, se señala en el documento que “hay poca claridad sobre el resultado presidencial o las probables agendas de política económica o fiscal”, dificultando la construcción de una hoja de ruta clara para el ajuste.
Como elementos de contención, se destaca la resiliencia de la inversión extranjera directa y el nivel de reservas internacionales, que alcanzarían USD 64.000 millones a finales de 2025. Sin embargo, estos factores no logran neutralizar los desequilibrios fiscales de fondo.
Finalmente, la rebaja deja un mensaje claro para los mercados: cualquier mejora futura en la calificación dependerá de la adopción de “una estrategia creíble de consolidación fiscal” que permita estabilizar la deuda y reducir los déficits, en un entorno político que hoy impone más restricciones que certidumbres.
