El Ministerio Público apoyó la solicitud de la Fiscalía para que el Tribunal Superior de Bogotá imponga detención domiciliaria a los exministros Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco, señalados de participar en una presunta red que habría direccionado contratos por más de $600.000 millones a cambio de respaldo político a reformas del gobierno de Gustavo Petro.
La Procuraduría se alineó con la Fiscalía y pidió al Tribunal Superior de Bogotá ordenar medida de aseguramiento de detención domiciliaria contra los exministros de Hacienda, Ricardo Bonilla, y del Interior, Luis Fernando Velasco, en el marco del proceso que los vincula con un presunto entramado de corrupción en el interior del gobierno.
Durante la audiencia, el procurador delegado Mario Gómez sostuvo que la medida solicitada es “necesaria y pertinente” para proteger el desarrollo del proceso penal y evitar riesgos para la investigación, al compartir los argumentos expuestos por el ente acusador frente al rol que habrían tenido los exfuncionarios.
Según la Fiscalía, Bonilla y Velasco habrían impartido instrucciones para direccionar contratos y convenios de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) y del Instituto Nacional de Vías (Invías) por un monto superior a los $612.000 millones. A cambio, se habría buscado asegurar apoyos políticos a reformas clave del Ejecutivo, como las de salud y pensiones, así como el respaldo a proyectos de endeudamiento tramitados en el Congreso.
Para sustentar la solicitud de medida de aseguramiento, la Procuraduría resaltó el acervo probatorio presentado por la fiscal novena delegada ante la Corte Suprema, María Cristina Patiño, que incluye testimonios del exdirector de la Ungrd, Olmedo López, y de María Alejandra Benavides, exasesora del entonces ministro Bonilla.
De acuerdo con lo expuesto en audiencia, la Fiscalía sostiene que entre mayo de 2023 y febrero de 2024 operó una supuesta organización criminal dentro del gobierno, orientada a beneficiar a congresistas de varias comisiones del Senado y la Cámara mediante la asignación de al menos 79 proyectos de infraestructura y gestión del riesgo. Aunque el plan contemplaba más de 600.000 millones de pesos, solo siete proyectos habrían llegado a concretarse.
El ente acusador también indicó que en junio de 2023 el entonces ministro del Interior habría ordenado al director de la Ungrd participar activamente en debates de la Comisión Séptima del Senado para respaldar la reforma pensional, al tiempo que se entregaban contratos a congresistas con el fin de consolidar mayorías. En ese contexto, se mencionó el acercamiento con la senadora Marta Peralta Epiayú, quien lideraba el apoyo del gobierno a dicha iniciativa.
En declaraciones rendidas ante la Fiscalía en junio de 2024, Olmedo López relató encuentros oficiales en los que participaron altos funcionarios del Ejecutivo, entre ellos Carlos Ramón González y los entonces ministros Bonilla y Velasco. Según su versión, en esas reuniones se planteó la entrega de contratos o cargos públicos como mecanismo para asegurar votos en el Congreso.
López agregó que, por instrucciones del ministro Velasco y de su asesor Fernando Henao, se elaboraron listados de congresistas que no habrían acompañado votaciones recientes, frente a quienes se habrían dado órdenes de no tramitar proyectos ni atender solicitudes, mientras que a otros legisladores se les habría favorecido con contratos previamente negociados.
La decisión final sobre la imposición de la medida de aseguramiento quedará en manos del Tribunal Superior de Bogotá, que deberá evaluar los argumentos de la Fiscalía y el respaldo expresado por la Procuraduría.
