Aunque la medida propuesta por el Gobierno puede generar alivio inmediato en la oferta, expertos y gremios coinciden en que se requiere una política energética estructural de largo plazo. Esta situación puede comprometer no solo la seguridad energética del país, sino también la competitividad de su industria en los próximos años.
El proyecto de resolución publicado por el Ministerio de Minas y Energía para habilitar de manera transitoria el uso de infraestructura de importación de gas natural busca asegurar el abastecimiento y la confiabilidad del sistema energético. Sin embargo, la medida también deja en evidencia una dependencia creciente del gas importado, en un contexto de escasez estructural, alzas de precios y tensiones regulatorias que ya están impactando a hogares, industria y transporte.
La iniciativa permite que los generadores térmicos comercialicen gas importado no requerido por el despacho eléctrico y habilita el uso temporal de GLP importado en plantas térmicas para liberar gas natural hacia la demanda esencial. En la práctica, el país amplía su oferta disponible no a partir de mayor producción local, sino mediante una mayor exposición a mercados internacionales, con costos asociados y vulnerabilidad frente a la volatilidad externa.
Este giro ha sido leído con preocupación por distintos sectores económicos. El presidente de Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi), Bruce Mac Master, advirtió que la intervención del mercado no garantiza alivios en precios y podría agravar el problema de fondo.
“Puede sonar bien decir que el Gobierno bajará los precios, pero intervenir el mercado del gas no garantizará la reducción de tarifas; por el contrario, es el camino expreso al desabastecimiento”, señaló, al advertir que importar gas en las condiciones actuales resulta cada vez más complejo y costoso.
La presión ya se refleja en los precios. Según explicó el economista y experto en energía Sergio Cabrales, la crisis del gas comenzó a agravarse hace un año y hoy se manifiesta en incrementos significativos en los contratos. De acuerdo con sus cálculos, “el precio promedio ponderado subió 27,1 %, al pasar de 7,15 dólares por millón de BTU en noviembre a 9,08 dólares en diciembre”, un ajuste que ha golpeado con fuerza al gas natural vehicular.
Cabrales detalló que los contratos para gas vehicular aumentaron 55,4 %, mientras que el sector residencial registró un alza del 14 % y el industrial del 28,3 %, afectando directamente a taxistas, transportadores y actividades productivas intensivas en energía. Estas cifras confirman que la escasez no es solo técnica, sino también económica, con efectos inmediatos en tarifas y competitividad.
Aunque el Ministerio insiste en que la habilitación de infraestructura de importación es una solución transitoria mientras se avanza en una regulación permanente —incluyendo futuros swaps operativos que deberá definir la CREG—, el escenario revela una realidad más profunda: la seguridad energética de Colombia depende cada vez menos de su autosuficiencia y más de su capacidad para importar, regasificar y redistribuir gas a precios sostenibles, en medio de un mercado tensionado y con señales claras de escasez.
