Esta Resolución, adoptada bajo las facultades de inspección y vigilancia de la Ley 1740 de 2014, implica que el Gobierno designará un reemplazo provisional y ejercerá seguimiento directo sobre la institución, mientras se resuelven los procesos administrativos abiertos contra el proceso eleccionario y se define el rumbo definitivo de la rectoría.
El Ministerio de Educación Nacional decidió asumir control temporal sobre la dirección de la Universidad del Atlántico y ordenó el reemplazo del rector y representante legal de la institución, Leyton Daniel Barrios Torres, por un periodo de hasta un año, prorrogable una sola vez. La medida fue formalizada mediante resolución y se adopta tras la anulación de su elección por falsedad e incumplimiento de requisitos.
La decisión marca un punto de quiebre en la crisis institucional que atraviesa la universidad. Para el Ministerio, las irregularidades detectadas no solo afectaron la validez del proceso electoral interno, sino que comprometieron la capacidad de la institución para garantizar una conducción administrativa ajustada a la ley. Por esa razón, activó una de las herramientas más fuertes del régimen de inspección y vigilancia universitaria.
En el acto administrativo, la cartera de Educación advierte que la medida no tiene carácter sancionatorio, pero sí correctivo. “El presente acto administrativo se adopta sin perjuicio de las investigaciones y sanciones administrativas a que haya lugar”, señala la resolución, dejando claro que el reemplazo del rector no cierra la puerta a eventuales responsabilidades derivadas de los hechos analizados.
El documento también precisa que el rector será reemplazado mediante un acto administrativo posterior y que la decisión tiene efectos inmediatos. Contra la resolución solo procede el recurso de reposición en efecto devolutivo, lo que implica que su ejecución no se suspende mientras se surten eventuales recursos administrativos.
Desde la perspectiva del Ministerio, la intervención busca preservar la continuidad del servicio público de educación superior y evitar que la disputa interna escale a un escenario de mayor inestabilidad. En ese sentido, la resolución subraya que la medida se adopta al amparo del artículo 13 de la Ley 1740 de 2014, que faculta al Gobierno a intervenir cuando se ve comprometida la legalidad o la gobernabilidad de una institución.
Esta decisión se produce en paralelo al estudio que adelanta el Consejo Superior de la Universidad del Atlántico sobre una solicitud de revocatoria directa del acto que designó a Barrios Torres como rector, trámite que profundizó la crisis administrativa y evidenció una ruptura en los mecanismos de autogobierno universitario.
Además, el Ministerio ordenó remitir copia de la resolución a varias dependencias internas, entre ellas la Dirección de Calidad para la Educación Superior y la Subdirección de Inspección y Vigilancia, así como a la inspectora in situ designada para el seguimiento del caso, con el fin de garantizar control permanente durante la intervención.
Con esta decisión, el Gobierno nacional asume de manera transitoria la conducción de la Universidad del Atlántico, en un escenario que trasciende el debate electoral y se instala en el terreno de la legalidad administrativa, la gobernabilidad y la confianza institucional.
