El departamento concentra el 17 % de las masacres del país, con el suroeste y el oriente como focos críticos. El incremento de homicidios, asesinatos de líderes sociales y desplazamientos prende alarmas sobre el deterioro de los derechos humanos.
El Observatorio de Derechos Humanos y Paz del Instituto Popular de Capacitación (IPC) prendió las alertas sobre el deterioro sostenido de las condiciones de seguridad en Antioquia durante 2025. En su informe anual, revelado durante la conmemoración de los 77 años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, se advierte un incremento preocupante de masacres, homicidios y desplazamientos forzados.
Cifras consolidadas de Indepaz, la Unidad para las Víctimas y la Policía muestran que hasta noviembre se han registrado 12 masacres con 40 víctimas, por encima de las 11 reportadas en 2024. Con estos hechos, el departamento concentra el 17 % de todos los eventos de este tipo en el país. El suroeste lidera los registros, con cuatro masacres en municipios como Urrao, Andes, Betulia y Santa Bárbara, seguido del oriente, donde se documentaron tres casos en El Carmen de Viboral y La Unión.
Xiomara Mendoza, investigadora del IPC, señaló que estas cifras evidencian “una dinámica particular de conflictividad que cobra vidas humanas y afecta los derechos de la población civil”. Añadió que lo ocurrido en el suroeste y el oriente “preocupa profundamente” debido al escalamiento de la violencia en ambas subregiones.
El panorama se agrava al revisar los homicidios: 13 municipios presentan tasas superiores a 100 asesinatos por cada 100.000 habitantes, muy por encima del promedio departamental de 2024 (25,4 %). El norte de Antioquia es la zona más crítica por la expansión de las AGC y las fracturas internas en estructuras disidentes de las Farc, factores que han intensificado la disputa territorial.
A nivel nacional, el asesinato de líderes sociales volvió a aumentar. En 2025 se registran 180 casos, cinco más que el año anterior. Antioquia aporta una parte significativa: siete líderes asesinados en el norte, y cinco más tanto en el nordeste como en el Valle de Aburrá.
El informe documenta además nueve desplazamientos masivos y nueve confinamientos entre enero y agosto, principalmente en el norte y el Bajo Cauca. Estos hechos están ligados a la disputa por el control del corredor estratégico Nudo de Paramillo–Norte–Nordeste–Bajo Cauca. Las comunidades indígenas, con especial afectación sobre las mujeres, figuran entre las más golpeadas.
Ante este escenario, el IPC y otras organizaciones sociales pidieron al Estado adoptar medidas urgentes para contener la escalada de violencia y proteger a las comunidades en riesgo.
