La entidad advirtió que la evacuación preventiva en la zona de amenaza alta no cumple con las condiciones mínimas de información, seguridad, alojamiento y protección de derechos. Pidió a las autoridades reforzar la gestión del riesgo y adoptar medidas diferenciales y de enfoque étnico.
Ante el incremento de la actividad en la cadena volcánica Los Coconucos y la declaratoria de alerta naranja por la emisión de gases y ceniza del volcán Puracé, en el Cauca, la Defensoría del Pueblo lanzó una advertencia urgente a las autoridades nacionales, departamentales y municipales.
La entidad pidió implementar medidas inmediatas que garanticen los derechos de las personas y comunidades que ya están siendo afectadas por la emergencia.
Tras un análisis en terreno, la Defensoría concluyó que la evacuación preventiva de la Zona A1 —catalogada como de amenaza alta y recomendada por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD)— no cumple con las condiciones mínimas para salvaguardar a la población en riesgo.
Según el organismo, la orden de evacuación carece de información clara y suficiente sobre el proceso y sobre las responsabilidades específicas de cada autoridad, lo que ha generado incertidumbre y desprotección.
La entidad señaló además la ausencia de un censo actualizado de las familias que deben evacuar, lo que impide una correcta caracterización de las necesidades y condiciones particulares de la población afectada. Las comunidades tampoco cuentan con información oportuna ni comprensible sobre los tiempos, medios y condiciones del traslado, ni sobre las garantías para un eventual retorno. A esto se suman preocupaciones por su manutención durante la evacuación, la protección de sus bienes y el impacto sobre los cultivos y animales domésticos, fundamentales para su sustento.
Los alojamientos designados para recibir a las familias evacuadas tampoco cumplen criterios mínimos de habitabilidad, seguridad y salubridad. La Defensoría advirtió que no existe evidencia de disponibilidad suficiente de servicios de salud ni de rutas de evacuación seguras, y alertó sobre el riesgo de contaminación de fuentes de agua por la caída de ceniza volcánica.
En este contexto, la entidad insistió en que las autoridades del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres deben adoptar medidas urgentes que garanticen los derechos fundamentales y colectivos de la población, con especial aplicación de enfoques diferenciales —etario, de género y étnico— y en estricto cumplimiento de los estándares nacionales e internacionales en la materia.
La Defensoría también instó a avanzar en la preparación ante la posible ocurrencia de nuevos eventos volcánicos, así como en el fortalecimiento de la atención de emergencias. Recordó que todas las acciones deben regirse por los principios de dignidad humana y protección de la vida, honra y bienes de las comunidades.
La entidad subrayó la necesidad de implementar medidas inmediatas de prevención en salud humana y animal, así como de protección de cultivos como papa, fresa y cebolla. En caso de afectaciones por la caída de ceniza o gases volcánicos, pidió que existan alivios para las familias frente a los créditos bancarios vigentes.
Asimismo, destacó que los albergues deben cumplir estándares mínimos de habitabilidad y garantizar acceso a agua y alimentos sin discriminación, así como espacios que aseguren la privacidad y respondan a las necesidades diferenciadas de mujeres, hombres y personas LGBTIQ+. También pidió la creación de rutas de protección para niñas, niños, adolescentes y adultos mayores, y la implementación de mecanismos efectivos de participación comunitaria.
La Defensoría también advirtió que es esencial prevenir escenarios de desplazamiento forzado o despojo territorial, especialmente en comunidades campesinas y pueblos étnicos de los resguardos Puracé, Kokonuko y Paletará, cuyos derechos colectivos sobre sus territorios deben ser plenamente garantizados en el marco de la emergencia volcánica.
