Los hallazgos abarcan diez zonas del país, incluidas Chocó, Arauca, Buenaventura y el Catatumbo. El organismo pidió restablecer la capacidad estatal, reforzar la protección y garantizar acceso a servicios de salud sexual y reproductiva.
La Defensoría del Pueblo reportó un deterioro significativo de los derechos sexuales y reproductivos de mujeres, niñas, adolescentes y personas OSIGNH en áreas afectadas por el conflicto. De acuerdo con la entidad, la situación se ha profundizado en lugares donde el Estado redujo operaciones y cobertura institucional durante la implementación de la paz total, lo que facilitó la expansión de estructuras armadas.
El organismo explicó que estos hechos se concentran en Chocó, Arauca, Guainía, Vichada, Amazonas, Cauca, Nariño, Putumayo, Buenaventura y la subregión del Catatumbo. En su pronunciamiento afirmó que “las dinámicas de control ejercidas por los grupos armados ilegales restringen gravemente el acceso a la salud, la autonomía reproductiva y la integridad física y emocional de mujeres, niñas y adolescentes”.
A esa situación se suman riesgos específicos para personas diversas. La entidad señaló que existe un subregistro persistente que dificulta la estructuración y ejecución de políticas públicas de apoyo. “La invisibilización de la magnitud de las violencias y el control sobre la libertad sexual y de género reflejan temor frente a las mal llamadas ‘violencias correctivas’ y castigos ejercidos por los actores armados”, se lee en uno de los apartes de la nota de prensa.
El Catatumbo concentra parte de los hallazgos más críticos. Allí se registraron embarazos asociados a violencia sexual, prohibición del uso de anticonceptivos y represalias contra mujeres que buscan acceder a la IVE. Según la Defensoría, “las amenazan, las hostigan e incluso son objeto de represalias letales si llegan a hacerlo; el personal médico también es blanco de amenazas si brinda servicios u orientación profesional”.
Otros territorios muestran patrones similares, aunque con variaciones. En Chocó, por ejemplo, se identificaron niñas de 10 y 12 años con ITS producto de abuso y episodios de explotación sexual de mujeres migrantes. En Buenaventura se observaron feminicidios cometidos por grupos armados, así como confinamientos prolongados que dificultan el acceso a medicamentos y rutas de atención.
Mientras tanto, en Arauca, Guainía y Vichada se reportaron asesinatos de mujeres migrantes y niñas con VIH vinculado a explotación sexual. En Amazonas, Cauca, Nariño y Putumayo se evidenció un aumento de mortalidad materna no reflejada en el sistema de vigilancia debido a silencios epidemiológicos asociados a amenazas y barreras de atención.
Finalmente, la Defensoría pidió restablecer la presencia estatal, fortalecer la protección a misiones humanitarias y asegurar servicios de salud sexual y reproductiva en los territorios afectados.
