Gremios, economistas y exfuncionarios alertan que un incremento por encima de la inflación y la productividad aumentaría la informalidad, presionaría los precios y afectaría las finanzas públicas. Solicitan que Gobierno, sindicatos y empresarios lleguen a un acuerdo basado en criterios técnicos.
Un grupo de 115 líderes gremiales, economistas, académicos y exfuncionarios del Estado dirigió una carta al Gobierno Nacional, a los sindicatos y a los empresarios, en la que hacen un llamado urgente a una concertación responsable y técnica para la definición del salario mínimo de 2026.
En el documento, los firmantes señalan que el salario mínimo es una herramienta fundamental para garantizar dignidad y protección a los trabajadores formales, pero advierten que su aumento debe ser sostenible y estar alineado con la realidad económica del país.
“El salario mínimo afecta la demanda laboral formal, la competitividad y las finanzas públicas. Su fijación debe obedecer a criterios constitucionales y legales, teniendo en cuenta la inflación y la productividad laboral”, enfatiza la carta.
Los firmantes también advierten que, aunque es natural que los salarios se actualicen para compensar la inflación, incrementos por encima de la inflación y la productividad generan efectos adversos, como mayor informalidad, presiones al alza en los precios y afectaciones al empleo.
Citaron estudios de los Observatorios Fiscal y Laboral de la Universidad Javeriana, así como cifras de Anif, que indican que cada punto porcentual adicional en el salario mínimo le cuesta al país cerca de $240.000 millones en pensiones y alrededor de $600.000 millones en gasto total no financiado.
La carta también subraya que el salario mínimo no debe ser visto como la principal herramienta de política social, dado que el 55 % de los ocupados en Colombia es informal —cifra que asciende al 80 % en las zonas rurales— y que “por cada trabajador que gana salario mínimo hay cuatro informales”.
Por eso, insisten en que las variables centrales para la negociación deben ser inflación y productividad, para evitar decisiones que terminen perjudicando a quienes están desempleados o en la informalidad.
Los 115 firmantes también pidieron que la mesa de concertación, instalada este lunes, avance hacia un acuerdo técnico, sostenible y favorable al empleo formal, que proteja a los trabajadores sin poner en riesgo la estabilidad económica.
“Confiamos en que un diálogo serio permitirá un acuerdo justo, sostenible y favorable al crecimiento económico”, concluye el documento.
