El diagnóstico interinstitucional advierte impactos urbanos y rurales, documenta prácticas de violencia sistemática y formula 38 recomendaciones urgentes dirigidas a gobernaciones, alcaldías, Fiscalía, Ministerio del Interior, entidades de política social y Ministerio Público.
La Defensoría del Pueblo activó la Alerta Temprana Estructural 020 de 2025 para advertir un riesgo alto y creciente en la Sierra Nevada de Santa Marta (SNSM) y su zona de influencia. Según el SAT, el escenario está marcado por una reconfiguración violenta del control territorial entre el Ejército Gaitanista de Colombia (EGC) y las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN).
Desde el inicio, el documento subraya que “los ceses al fuego pactados con grupos armados no pueden interpretarse como un aval para ejercer violencia contra terceros ni como una limitación para que el Estado actúe cuando la población civil enfrenta riesgos graves”. Esta aclaración sirve de marco para describir un conflicto que avanza sobre áreas rurales, periurbanas y urbanas.
En total, 21 municipios de tres departamentos están incluidos en el análisis. La alerta precisa que “los riesgos se extienden desde la vertiente norte —Santa Marta, Riohacha y Dibulla— hasta la occidental —Ciénaga, Zona Bananera, El Retén, Aracataca, Fundación, Algarrobo, El Copey y Bosconia— y la suroriental de la Sierra Nevada, incluyendo Valledupar, Pueblo Bello, El Paso, San Juan del Cesar, Distracción, Fonseca y Barrancas”.
La Defensoría explica que la confrontación actual se sostiene en cinco dinámicas simultáneas. Entre ellas, destaca el control hegemónico de las ACSN en varias zonas costeras; las pretensiones de expansión del EGC hacia el centro del Magdalena y el corredor sur de La Guajira; y situaciones de coexistencia forzada donde ambos grupos conviven para sostener rentas ilícitas.
Yendo más allá, el texto advierte en uno de sus apartes, que “la disputa ha derivado en homicidios selectivos, secuestros, amenazas y reclutamiento de niños, niñas, adolescentes y jóvenes, con impactos directos sobre comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinas”.
A ello se suman prácticas de castigo y control social que han sido documentadas en video. El informe señala que “en municipios como Santa Marta y Ciénaga se registraron castigos físicos grabados y difundidos en redes sociales, utilizados como mecanismo de intimidación y como forma de imponer orden armado sobre la población civil”. La Defensoría insiste en que estos hechos configuran patrones de violencia sistemática.
Un paquete de 38 medidas urgentes
Ante la gravedad del escenario, la institución formuló 38 recomendaciones dirigidas a entidades nacionales y territoriales. El primer bloque, de carácter preventivo, incluye 18 medidas. El SAT enfatiza que “la prioridad inmediata es reducir los riesgos de reclutamiento, las violencias basadas en género y las acciones de exterminio social, mediante intervenciones específicas dirigidas a jóvenes en riesgo, mujeres, población LGBTIQ+ y comunidades étnicas”.
En ese sentido, la Defensoría solicita a funcionarios y actores políticos evitar la difusión de mensajes que puedan legitimar acciones de guerra y fortalecer el enfoque civil de la respuesta. Sobre el particular, advierte que “la institucionalidad debe abstenerse de realizar comunicaciones que, de manera directa o indirecta, justifiquen actos armados o señalen a comunidades como colaboradoras de actores ilegales”.
Otro eje apunta a la política social: la Alerta pide al DNP y al DPS articular programas de reducción de pobreza en territorios afectados, recordando que “la persistencia del riesgo está asociada a la marginalidad estructural y a la falta de oportunidades para jóvenes rurales y urbanos de alta vulnerabilidad”. También se formulan acciones específicas para ANT, Ministerio del Interior y Ministerio de Igualdad en materia de tierras colectivas, reconocimiento de comunidades y fortalecimiento de la economía campesina.
En justicia, la Fiscalía recibe requerimientos para ajustar rutas de denuncia con pertinencia cultural y reforzar la investigación penal. La Defensoría subraya que “los procesos judiciales deben incorporar traductores, mecanismos de oralidad y articulación con autoridades étnicas, garantizando una atención efectiva y diferencial”.
Finalmente, procuradurías provinciales y personerías deberán verificar el cumplimiento de las medidas. El documento cierra recordando que “la supervisión activa del Ministerio Público es esencial para asegurar que alcaldías y gobernaciones adopten los planes de acción y garanticen participación efectiva de la población afectada”, en el entendido de que el riesgo es inmediato, expansivo y requiere intervención coordinada para evitar nuevas afectaciones humanitarias en la Sierra Nevada y sus municipios vecinos.
