La Registraduría respondió al señalamiento del presidente Gustavo Petro, quien afirmó que la entidad permitía intervención de Estados Unidos en los software electorales. La autoridad electoral aseguró que la cooperación internacional se limita a la Línea Anticorrupción 157 y no tiene ninguna injerencia en los procesos ni en los sistemas de escrutinio del país.
La Registraduría Nacional del Estado Civil salió al paso de las declaraciones del presidente Gustavo Petro, quien publicó en su cuenta de redes sociales que la entidad permitió la intervención de Estados Unidos en los software de las elecciones.
A través de un comunicado, la Registraduría desmintió esta afirmación y explicó que el anuncio al que hizo referencia el mandatario corresponde exclusivamente a la promoción de la Línea Anticorrupción 157, una herramienta de denuncia impulsada por el propio Gobierno.
La entidad recordó que esta línea fue lanzada el 21 de enero de 2025 en un evento liderado por el presidente Petro y con presencia de altos funcionarios, organismos internacionales y la Policía Nacional. Tras su presentación, fue precisamente la Policía la que solicitó a la Registraduría incluir en su página web un aviso promocionando la Línea 157.
Según explicó la Registraduría, esta iniciativa hace parte de la Estrategia Nacional de Lucha Contra la Corrupción, contemplada en el Decreto 1600 de 2024, y cuenta con el apoyo de la Embajada de Estados Unidos —a través de su oficina INL— y de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC).
Sin embargo, recalcó que este acompañamiento internacional no tiene ningún vínculo con los procesos electorales ni con los sistemas de escrutinio del país.
“La cooperación de organismos internacionales está limitada al impulso de la línea de denuncia. No tiene relación alguna con el software de escrutinio ni con el funcionamiento de los sistemas electorales”, indicó la entidad. Asimismo, recordó que el escrutinio en Colombia es realizado por jueces de la República, notarios o registradores de instrumentos públicos, como lo establece la ley.
La Registraduría advirtió que “poner en duda la legitimidad de los procesos electorales con desinformación afecta la democracia” e insistió en que no existe participación extranjera en el manejo, diseño o ejecución de los sistemas tecnológicos que soportan el conteo y consolidación de votos en el país.
