La citación presentada por las senadoras por el partido Centro Democrático María Fernanda Cabal y Paloma Valencia, busca que el Senado convoque a directivos de la UNP, ministros y jefes de inteligencia para responder un cuestionario sobre denuncias que mencionan presuntos vínculos entre actores gubernamentales y estructuras armadas ilegales.
El Congreso abrió una nueva fase de escrutinio político alrededor de denuncias que han circulado en la opinión pública sobre presuntos vínculos entre funcionarios del Gobierno Petro y estructuras armadas de las disidencias de las FARC. Las senadoras Paloma Valencia y María Fernanda Cabal radicaron una citación formal ante el presidente del Senado, Lidio García Turbay, solicitando la realización de un debate de control político.
En la comunicación, fechada el 24 de noviembre, las congresistas piden convocar al director de la Unidad Nacional de Protección, Augusto Rodríguez; al ministro de Defensa, general Pedro Sánchez; al director Nacional de Inteligencia, Jorge Lemus; y a altos mandos militares, incluido el general Juan Manuel Huertas. El propósito es responder un cuestionario sobre actuaciones institucionales, fechas, decisiones administrativas y eventuales medidas adoptadas frente a los señalamientos.
La citación plantea que el país requiere claridad oficial para evitar incertidumbre pública y garantizar que las entidades encargadas de la seguridad estatal actúan con transparencia y control interno. Asimismo, solicita invitar a la fiscal general, Luz Adriana Camargo, y al gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, con el fin de ampliar el contexto jurídico y territorial del debate.
Hasta el momento, la Presidencia del Senado no ha confirmado la fecha del debate ni la metodología para la intervención de los funcionarios citados. Tampoco se ha precisado si se efectuarán sesiones reservadas, dada la naturaleza de los asuntos relacionados con inteligencia estatal.
Desde el Gobierno, voceros han reiterado que rechazan cualquier nexo con grupos armados ilegales y que las autoridades competentes deben tramitar cualquier denuncia por las vías institucionales. El desarrollo del debate en el Capitolio definirá si el asunto avanza hacia indagaciones formales o se mantiene en el plano del control político y la deliberación parlamentaria.
