Procuraduría abre indagación a funcionarios por manejo irregular de información financiera de Ecopetrol

El Ministerio Público investiga a funcionarios de Ecopetrol y de la UIAF por solicitar y entregar datos financieros sin cumplir los protocolos legales. Entre los posibles afectados están seis exmiembros y miembros de la junta directiva.

La Procuraduría inició una indagación preliminar para establecer si funcionarios de Ecopetrol y de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) incurrieron en irregularidades al solicitar y suministrar información financiera de integrantes de la junta directiva de la petrolera y de otras personas vinculadas a la empresa.

La investigación, a cargo de la Delegada para la Vigilancia Administrativa, busca determinar si servidores de Ecopetrol pidieron estos datos sin cumplir los procedimientos y autorizaciones previstos. De igual manera, se indaga si funcionarios de la UIAF, entidad adscrita al Ministerio de Hacienda, habrían entregado la información sin verificar los requisitos y protocolos exigidos para su manejo.

Como parte del proceso, la Procuraduría solicitó a ambas entidades el listado de funcionarios que autorizaron la consulta, copia del análisis remitido por la UIAF y los argumentos jurídicos que respaldaron tanto la solicitud como la entrega de los datos.

La apertura de la indagación se produce tras conocerse que funcionarios de Ecopetrol habrían consultado, a través de la UIAF, la situación financiera de al menos seis miembros de la junta directiva, incluso de uno que ya no ocupaba el cargo. Entre los nombres mencionados se encuentran Carlos Gustavo Cano, Luis Alberto Zuleta, Juan José Echavarría, Saúl Kattan, Edwin Palma y Mauricio Cabrera.

La UIAF, encargada de la inteligencia financiera del país, tiene la misión de prevenir el lavado de activos y la financiación del terrorismo, mediante el análisis y consolidación de información económica y patrimonial. Sus reportes deben hacerse bajo estrictos estándares legales, cuyo posible incumplimiento es ahora objeto de revisión por parte del Ministerio Público.

La Procuraduría continuará recolectando pruebas para determinar si existen faltas disciplinarias y quiénes serían los responsables.