La Fiscalía radicará este 26 de noviembre la solicitud de imputación contra el exministro de Hacienda por tráfico de influencias e interés indebido en contratos relacionados con obras de mitigación del riesgo. La decisión surge tras la colaboración judicial de la exasesora María Alejandra Benavides, pieza clave del caso.
La fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo, confirmó que este miércoles 26 de noviembre será presentada ante la Corte Suprema de Justicia la solicitud de imputación de cargos contra el exministro de Hacienda Ricardo Bonilla, en el marco del escándalo de corrupción que rodea a la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd).
La petición será radicada por la fiscal novena delegada ante la Corte, María Cristina Patiño, quien lidera la investigación del denominado “macrocaso”. Según Camargo, la decisión fue adoptada luego de evaluar los avances del proceso: “La fiscal María Cristina Patiño estará radicando la solicitud de imputación”, aseguró.
Bonilla deberá responder por tráfico de influencias e interés indebido en la celebración de contratos, delitos que habrían sido cometidos durante su gestión al frente del Ministerio de Hacienda. Por ahora, la Fiscalía no contempla solicitar medida de aseguramiento privativa de la libertad.
El avance del caso se dio tras el principio de oportunidad concedido a la exasesora María Alejandra Benavides, quien aportó información clave ante la Fiscalía y la Corte Suprema. Benavides, señalada de ser el enlace entre el Ministerio de Hacienda y la Ungrd, declaró que tres contratos por 92.000 millones de pesos habrían sido direccionados para favorecer a seis congresistas de la Comisión de Crédito Público a cambio de respaldo a la ampliación del endeudamiento nacional.
En el expediente reposan testimonios y elementos materiales probatorios que apuntan a que varios procesados habrían coordinado con Bonilla, Benavides y el exsubdirector de la Ungrd, Sneyder Pinilla, el direccionamiento de contratos para obras en Cotorra (Córdoba), Saravena (Arauca) y El Carmen de Bolívar (Bolívar). Entre los supuestos beneficiados figuran los congresistas Wadid Mansur, Karen Manrique, Liliana Pitalua, Julián Peinado, Juan Diego Muñoz y Juan Pablo Gallo.
En declaración juramentada, Benavides afirmó que existió un acuerdo entre Bonilla, el exministro del Interior Luis Fernando Velasco y el exasesor presidencial Jaime Ramírez Cobo para asegurar la aprobación de créditos internacionales. También señaló que Bonilla la habría presionado para tramitar desembolsos millonarios a la Ungrd: “Él me usó y no le importaba el costo que yo debía pagar”, dijo.
Los contratos cuestionados corresponden a inversiones destinadas a obras de mitigación del riesgo por la temporada invernal: 50.000 millones para Cotorra, 12.356 millones para El Salado y 30.000 millones para Saravena.
La Corte Suprema evaluará en los próximos días la solicitud de imputación para definir los pasos siguientes dentro de este proceso que sigue revelando nuevas conexiones políticas y administrativas.
