La precandidata presidencial María Fernanda Cabal denunció ante el secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, presuntos vínculos entre alias Calarcá (ex-FARC), la campaña de Gustavo Petro y su gobierno, solicitando una investigación internacional. La acusación reaviva críticas sobre los orígenes del actual régimen y busca presionar a la comunidad internacional ante la desconfianza en las instituciones nacionales.
En un movimiento que podría redefinir el panorama político previo a las elecciones presidenciales de 2026, la senadora y precandidata presidencial María Fernanda Cabal envió una carta formal al secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, solicitando cooperación internacional para investigar supuestos vínculos entre estructuras armadas ilegales de las FARC en particular el grupo liderado por alias Calarcá y actores políticos cercanos al presidente Gustavo Petro.
La misiva, fechada en Bogotá el 25 de noviembre de 2025 y dirigida directamente a Rubio, se fundamenta en una investigación periodística reciente de Noticias Caracol, que según Cabal reveló “una preocupante red de complicidad” entre líderes insurgentes y funcionarios del gobierno actual.
¿Qué dice exactamente la carta?
En el documento, Cabal asegura que la evidencia extraída de dispositivos electrónicos incautados por las Fuerzas Militares colombianas registra comunicaciones directas entre cabecillas insurgentes y funcionarios activos del Estado.
Señala específicamente a alias Iván Mordisco, identificado como líder de un grupo armado considerado terrorista, y lo vincula con la presunta financiación de la campaña presidencial de Gustavo Petro, en coordinación con alias Mayimbú.
Además, la senadora menciona que en estos intercambios también aparece la vicepresidenta Francia Márquez, lo que eleva aún más la gravedad de las acusaciones.
Pero la carta no se detiene allí. Cabal amplía el espectro de sus denuncias al incluir:
- Relaciones con un empresario chino, Jixing Zhang, vinculado a redes de tráfico ilegal de armas y compra de oro.
- Presuntos pactos entre miembros del Ejército y disidencias incluyendo la entrega de códigos de radio para evitar operaciones militares.
- Reportes de inteligencia compartidos desde dentro del Estado colombiano, lo que, según ella, “pone en evidencia una infiltración estructural y peligrosa”.
Una solicitud que va más allá de lo diplomático
Lo más contundente de la carta es su tono y su propósito. Cabal no solo informa, exige acción. Solicita respetuosamente la cooperación del Departamento de Estado “desde los canales diplomáticos, judiciales y de inteligencia disponibles entre ambos países”, argumentando que se trata de proteger “no solo la institucionalidad colombiana, sino también de evitar que regímenes democráticos en apariencia encubran acuerdos con organizaciones que amenazan la seguridad hemisférica”.
Esta solicitud, dirigida a un alto funcionario de EE. UU., tiene un claro matiz geopolítico. Al mencionar que algunos actores han sido designados como terroristas por los Estados Unidos, Cabal busca legitimar su denuncia ante una potencia global, utilizando la agenda antiterrorista estadounidense como plataforma para presionar al gobierno colombiano.
Reacciones inmediatas y silencio oficial
Hasta el momento, ni la Cancillería colombiana ni la Casa de Nariño han emitido declaraciones oficiales sobre la carta. El gobierno de Petro ha mantenido un silencio estratégico, que deja muchas dudas en el aire.
En contraste, sectores de la oposición y medios afines a Cabal han celebrado la iniciativa como un acto de valentía y defensa de la democracia. En redes sociales, la precandidata publicó un tuit anunciando la carta, con el mensaje: “Acabo de enviar comunicación al secretario de Estado de EE. UU., @SecRubio, para solicitar su cooperación en investigación para establecer los nexos que habría entre las FARC de alias Calarcá, la campaña Petro y miembros de su gobierno”.
¿Qué sigue?
La carta de Cabal pone en marcha un escenario de alta tensión política e institucional. La solicitud de cooperación internacional puede abrir una brecha diplomática si EE. UU. decide involucrarse, o convertirse en un búmeran político si se demuestra que las pruebas son insuficientes o manipuladas.
Para el gobierno Petro, la prioridad será responder con transparencia y contundencia, sin caer en la trampa de la polarización. Para la oposición, esta es una oportunidad para forzar una investigación independiente y exigir responsabilidades.
Mientras tanto, la pregunta que queda en el aire es: ¿estamos frente a una crisis de seguridad nacional o a una estrategia de campaña diseñada para desestabilizar al gobierno?
En un momento en que la democracia latinoamericana enfrenta desafíos sin precedentes, Cabal ha dado un paso adelante. No como opositora, sino como defensora de la institucionalidad. No como candidata, sino como ciudadana comprometida con el futuro de Colombia.
