Horas después de que el presidente Gustavo Petro hiciera referencia pública al caso, el ente acusador divulgó un comunicado en el que reiteró que la información recuperada durante una operación militar en Anorí (Antioquia) en julio de 2024 permanece bajo cadena de custodia, análisis forense y legal.
La Fiscalía General de la Nación informó que la investigación relacionada con la incautación de computadores, teléfonos y otros dispositivos electrónicos durante un operativo militar el 23 de julio de 2024 en Anorí, Antioquia, avanza bajo supervisión judicial y protocolos técnicos establecidos para garantizar la validez de la evidencia.
Ese procedimiento se realizó en un retén militar contra una caravana vinculada al Estado Mayor Central de las disidencias de las Farc. En el comunicado, la entidad recordó que todo el material fue sometido a los procedimientos previstos en la ley para preservar la cadena probatoria.
“Sometido a cadena de custodia el material incautado, éste fue debidamente legalizado ante los jueces de la República, y los equipos forenses adscritos a la DIJIN de la Policía Nacional se encargaron de realizar el proceso de extracción y análisis de la información digital”, se lee en uno de los apartes del documento difundido en sus canales de comunicación oficiales.
Según la Fiscalía, los dispositivos recuperados han permitido consolidar varias líneas de investigación y avanzar judicialmente contra integrantes de esa estructura armada. “Los elementos incautados han servido para judicializar a 28 disidentes del frente 36 de las Farc en Antioquia. Además, tres de los integrantes de la caravana fueron judicializados por porte ilegal de armas de fuego, por el que aceptaron cargos y fueron condenados”, precisa la nota de prensa.
La entidad también comentó que la pesquisa permanece en la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales, con sede en Medellín, y que hasta ahora no hay reportes trasladados a otras dependencias. “Debe aclararse que ni el Despacho de la Fiscal General de la Nación, ni ninguna otra dependencia de la entidad… recibió durante el transcurso de estos 16 meses reportes o copias de la información recaudada”, dice el boletín.
En otro de los apartes, el ente acusador manifestó preocupación por la difusión pública de supuestos contenidos asociados al caso y reiteró que toda la evidencia continúa bajo custodia institucional. “Los dispositivos recuperados han estado desde su incautación bajo la custodia de la Dijín, por lo que resulta alarmante que su contenido hubiera trascendido públicamente, en clara violación del principio de reserva”, advierte la pieza informativa.
Finalmente, la Fiscalía señaló que compulsó copias a la Unidad de Fiscales Delegados ante la Corte Suprema de Justicia para investigar la conducta del brigadier general Juan Miguel Huertas Herrera, mencionado dentro del material. Además, reiteró que seguirá verificando el contenido digital y entregará información oficial únicamente cuando existan decisiones procesales en firme.
