La organización advierte que el riesgo podría escalar durante la inscripción de candidaturas. Cauca, Valle del Cauca, Antioquia y Norte de Santander concentran la mayoría de los casos.
La Misión de Observación Electoral (MOE) encendió las alarmas sobre el clima de violencia que enfrentan los liderazgos políticos y sociales en medio del actual proceso electoral. Según la directora de la entidad, Alejandra Barrios, de enero a la fecha se han documentado 369 hechos de violencia política en el país.
Del total, 215 agresiones han sido dirigidas contra líderes políticos, 104 contra liderazgos sociales y 50 contra representantes comunales. La MOE prevé que estas cifras podrían aumentar en las próximas semanas, especialmente durante la inscripción de candidaturas, una etapa históricamente sensible en términos de riesgo.
Violencia extendida en 28 departamentos
Barrios explicó que los casos se han registrado en 172 municipios de 28 departamentos, con mayor concentración en regiones marcadas por la presencia de grupos armados ilegales. Cauca y Valle del Cauca encabezan la lista, seguidos de zonas fronterizas de Antioquia, Norte de Santander y, como es habitual, Bogotá, por su peso político nacional.
Oposición, la más afectada
Uno de los datos que más preocupa a la MOE es que, según sus reportes, los ataques se concentran principalmente en dirigentes del Centro Democrático y del Partido Conservador, ambos en la oposición. Por ello, la organización insiste en la necesidad de medidas de protección específicas para estas colectividades.
“El gobierno debe prestar especial atención a la seguridad de los partidos opositores en un contexto electoral”, recalcó Barrios, recordando que garantizar condiciones equitativas es una responsabilidad del Estado.
Ante este panorama, la MOE pidió nuevamente a las colectividades opositoras regresar a la mesa de la Comisión de Garantías Electorales, espacio desde el cual pueden exigir las medidas necesarias para proteger a sus candidatos y dirigentes.
Barrios reiteró que la violencia suele aumentar en zonas donde operan grupos armados ilegales, lo que hace urgente reforzar los mecanismos de seguridad antes de que avance el calendario electoral.
