La aspirante presidencial María Fernanda Cabal acusó al presidente Gustavo Petro de ser responsable del auge del terrorismo de disidencias como la del EMC, liderada por alias Iván Mordisco al otorgarles el estatus de “gestores de paz”. Denunció que esta política ha permitido que grupos armados sigan narcotraficando, asesinando y expandiendo su control territorial. Datos de Indepaz, el Ministerio de Defensa y la UNODC respaldan un notable incremento en violencia, cultivos ilícitos y ataques contra civiles y la fuerza pública desde 2023, lo que pone en entredicho la efectividad de la “paz total”.
En medio de una creciente ola de violencia en zonas rurales y una escalada de acciones armadas atribuidas a disidencias de las antiguas FARC, la precandidata presidencial y senadora María Fernanda Cabal lanzó una dura acusación contra el presidente Gustavo Petro.
A través de su cuenta en X (antes Twitter), Cabal responsabilizó directamente al mandatario de la recrudecida presencia de grupos armados ilegales en el territorio nacional, al cuestionar su política de “paz total” y el estatus de “gestores de paz” otorgado a antiguos combatientes.
“A ver, @petrogustavo, si hay alguien responsable del terrorismo de Iván Mordisco, es usted. Fueron ustedes, con cobardía, que decidieron convertir a esos bandidos en ‘gestores de paz’, dándoles vía libre para seguir narcotraficando y asesinando colombianos”, escribió Cabal en una publicación que rápidamente se volvió viral.
La senadora hizo un llamado a revisar lo que denominó “evidencia de la permisividad del gobierno frente al terrorismo” y remarcó con contundencia: “Y le advierto, en esta orilla hay más carácter y valor para enfrentar a los criminales que en todo su gabinete, incluyéndolo a usted”.
Un balance de la violencia desde 2023
Desde que Gustavo Petro asumió la presidencia en agosto de 2022, su administración ha promovido una política de diálogo con múltiples actores armados, incluidas disidencias de las FARC como el Estado Mayor Central (EMC) y el frente Segunda Marquetalia. No obstante, los resultados en términos de seguridad han sido preocupantes.
Según datos del Observatorio de Violencia del Conflicto Armado (OVCA) y del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), entre enero de 2023 y octubre de 2025:
- Cientos de civiles han sido asesinados en masacres, ataques selectivos o enfrentamientos en regiones como el Catatumbo, el sur del Cauca, el Putumayo y el Guaviare.
2023: Ocurrieron 69 masacres a nivel nacional, con 214 víctimas.
2024: Se registraron 76 masacres en todo el país, con 267 víctimas.
2025: Hasta el 18 de septiembre, se reportaron 59 masacres en Colombia, con 194 víctimas.
- Las disidencias de las FARC han expandido su control territorial en al menos 11 departamentos, aprovechando las zonas de no intervención establecidas en el marco de los diálogos.
- El narcotráfico ha repuntado: la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) reportó en 2024 que Colombia alcanzó un récord histórico con 230.000 hectáreas sembradas con coca, muchas de ellas bajo el control de estos grupos armados.
- En lo que va de 2025, el EMC liderado por alias Iván Mordisco ha sido responsable de decenas de secuestros, muertes y múltiples ataques contra la fuerza pública.
Además, según cifras del Ministerio de Defensa, en los últimos 15 meses han sido asesinados más de 90 uniformados, muchos de ellos en emboscadas planificadas por estos mismos actores con los que el gobierno mantiene mesas de diálogo.
¿“Gestores de paz” o camuflaje para la ilegalidad?
Uno de los puntos más polémicos de la política de Petro ha sido la figura de “gestores de paz”, que permite a integrantes de grupos armados acceder a beneficios judiciales, protección del Estado y movilidad sin ser sometidos a la justicia ordinaria. Críticos como Cabal sostienen que esta herramienta ha sido abundantemente explotada para consolidar estructuras criminales sin rendir cuentas.
“Darles el estatus de gestores sin exigirles desarme ni compromiso real con la paz es un acto de ingenuidad peligrosa o, peor aún, de complicidad”, afirmó Cabal en una entrevista reciente.
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Desde el gobierno, voceros han defendido la estrategia como un “camino doloroso pero necesario” para la paz. Sin embargo, la evidencia sobre el terreno con comunidades aterrorizadas, líderes sociales asesinados y una presencia armada más audaz que nunca pone en duda su eficacia.
Un llamado al debate nacional
La interpelación de Cabal no es solo una crítica política, es un espejo de la frustración de amplios sectores del país que ven cómo la promesa de paz se ha convertido, en la práctica, en un escenario de impunidad y violencia. Mientras el gobierno insiste en que “no se puede hacer la paz con quienes no están dispuestos”, los hechos en los territorios demuestran que muchos de los supuestos interlocutores de paz siguen operando como estructuras del narcoterrorismo.
En un momento en que Colombia enfrenta una de las crisis de seguridad más complejas de la última década, las palabras de la senadora Cabal resuenan con fuerza: “la paz no se negocia, la paz se impone con la fuerza del Estado”.
