En varios departamentos de la Amazonía y el Caribe rural, la mayoría de los hogares pobres energéticos carece de computador, internet y electrodomésticos esenciales. El estudio advierte que sin cerrar estas brechas digitales será imposible reducir la desigualdad y mejorar la calidad de vida.
El nuevo Informe IMPE 2025 de la Fundación Promigas, confirma que la pobreza energética se redujo apenas 1,5 puntos porcentuales desde 2022, situando al país en 15,4 % y aún con 8,1 millones de personas afectadas. La brecha entre centro y periferia se mantiene: mientras en departamentos como Bogotá y Antioquia el indicador cae por debajo del 5 %, en Vaupés, Vichada y Guainía supera el 80 %. El documento advierte que la calidad del suministro y el acceso digital siguen siendo las principales limitaciones.
Desde la organización, subrayan que la medición de 2025 no solo refleja el pasado, sino que orienta la planeación energética a mediano plazo. “Este análisis no se basa únicamente en el poder de las cifras para hacer una lectura de lo que ya ha ocurrido, del pasado; sino ante todo, en su enorme potencial para ayudar a imaginar un futuro deseable, para hacer análisis prospectivos, trazarnos metas y crear rutas para su realización. Este informe del 2025 es una bisagra que nos permite articular el pasado y el futuro del panorama energético del país”, se lee en uno de los apartes del texto.
La investigación se basa en 15 indicadores agrupados en cuatro dimensiones: acceso y calidad de la energía, vivienda funcional, aprendizaje y comunicación, y territorios equipados para el bienestar. De ellas, la primera concentra el 40 % del peso total del índice por su carácter habilitante.
Uno de los apartes del documento explica que “las mayores brechas de los pobres energéticos se concentran en tres frentes: calidad del suministro eléctrico, donde el 57,9 % vive en municipios con interrupciones frecuentes o prolongadas; energético adecuado para cocinar, donde 56,6 % usa leña, carbón o desechos; y acceso a electrodomésticos, donde el 80,9 % no tiene lavadora y 47,7 % carece de nevera”.
El IMPE también identifica un rezago crítico en la conectividad digital, que profundiza la desigualdad en educación y empleo. Es decir, “la mayoría de pobres energéticos no accede a computador o tableta (98,8 %) ni a internet (77,3 %), lo que limita las oportunidades de educación, trabajo y comunicación en un mundo cada vez más dependiente de la tecnología”.
Para corregir estas disparidades, la nueva medición propone una ruta técnica hacia 2030. El presidente de Promigas, Juan Manuel Rojas, resumió que “el análisis que presenta nuestra innovación del IMPE 2025 nos plantea cuatro acciones clave para llevar a cabo de acá a 2030 para que la pobreza energética del país se reduzca de 15,4 % a 9,5 %, lo que equivaldría a 2,9 millones de personas por fuera de la pobreza energética, pasando de 8,1 millones de pobres energéticos en 2024 a 5,1 millones en 2030”.
La estrategia incluye recuperar la calidad del servicio en zonas deterioradas, avanzar en la sustitución de leña, mejorar el equipamiento doméstico y asegurar que todas las escuelas cuenten con electricidad. Para Rojas, la meta requiere mantener la inversión y la coordinación interinstitucional.
“IMPE 2025 nos ofrece esta hoja de ruta para empezar a trabajar en la consolidación de este reto; la medición de este año es un llamado a zarpar con destino a pobreza energética de un dígito en 2030. Los análisis de tres años consecutivos rinden sus frutos y nos dotan de las herramientas necesarias para asumir este desafío”, expuso el ejecutivo.
El informe concluye que la transición energética no se mide solo por la generación, sino por la capacidad de garantizar dignidad energética a cada hogar colombiano. “Porque el desarrollo comienza con dignidad energética y no admite atajos, acompáñennos a navegar juntos hacia este propósito”, puntualizó Rojas.
