Las autoridades desarticularon una red que atraía a víctimas con promesas de ganancias rápidas en criptoactivos, para luego tomar control de sus dispositivos y apropiarse de su dinero. Entre 2021 y 2025 afectaron a ciudadanos de Colombia, Chile y Perú.
La Fiscalía General de la Nación desarticuló una estructura criminal dedicada a operar un sofisticado modelo de estafa digital que iniciaba con plataformas falsas de inversión en acciones y criptoactivos, promocionadas mediante publicaciones atractivas en redes sociales.
El modus operandi de la organización iniciaba con anuncios que prometían rentabilidades rápidas y seguras. Una vez las personas mostraban interés, eran contactadas por teléfono y persuadidas para invertir entre 200 y 250 dólares como aporte inicial.
Para dar apariencia de legitimidad, los supuestos asesores enviaban gráficas falsas sobre el comportamiento de las inversiones y convencían a las víctimas de realizar mayores consignaciones.
La estafa escalaba cuando la red pedía a los usuarios instalar herramientas como Anydesk o Imperios, bajo la excusa de mostrar en vivo el avance de las inversiones. En realidad, estos programas permitían a los delincuentes acceder a los dispositivos de forma remota, obtener contraseñas bancarias y controlar los movimientos financieros de las víctimas.
Según la investigación, el dinero jamás era invertido. Por el contrario, la organización habría logrado apropiarse de 71.000 millones de pesos entre 2021 y octubre de 2025, afectando a personas en Colombia, Chile y Perú.
En un operativo coordinado, 14 presuntos integrantes de la red fueron capturados y presentados ante un juez de control de garantías. La Fiscalía imputó delitos de estafa y hurto por medios informáticos, violación de datos personales —todas estas conductas en modalidad de delito masa—, además de concierto para delinquir, lavado de activos y enriquecimiento ilícito. Ninguno aceptó los cargos.
Entre los detenidos se encuentra el presunto cabecilla, el ciudadano mexicano Alejandro Maximiliano Ronquillo Treviño, alias Daniel; así como colaboradores señalados de administrar los flujos ilícitos de dinero, crear empresas fachada y coordinar el call center desde donde se contactaba a las víctimas.
El juez dictó medida de aseguramiento en centro carcelario contra tres de los procesados, mientras que los demás permanecerán privados de la libertad en sus residencias mientras avanza el proceso judicial.
