En solo siete días de noviembre, entidades del Estado comprometieron $9 billones en contratación interadministrativa. El 7 de noviembre, justo antes de iniciar las restricciones electorales, se firmaron $6,1 billones, un comportamiento atípico que prende las alarmas de la Contraloría en pleno año preelectoral.
La Contraloría General de la República emitió su primera alerta en el marco de las elecciones legislativas y presidenciales de 2026, tras identificar un incremento inusual en la contratación interadministrativa durante la primera semana de noviembre, justo antes de la entrada en vigencia de la Ley de Garantías Electorales.
De acuerdo con el seguimiento realizado entre el 1 y el 7 de noviembre, el Estado comprometió $9,0 billones, una cifra que supera ampliamente los niveles históricos de contratación pública en 2025. La situación se agudiza el 7 de noviembre, cuando se registraron $6,1 billones en un solo día, equivalentes al 68% de toda la contratación de la semana.
Según la Contraloría, este monto representa 2,9 veces el promedio mensual registrado entre enero y agosto ($2,1 billones) y significa un incremento del 190% frente al comportamiento histórico, lo que constituye un indicador crítico de fallas en la planeación y posibles aceleraciones contractuales preelectorales.
El análisis se realizó con base en la información reportada en SECOP y forma parte del Modelo Analítico de Seguimiento Preventivo, presentado oficialmente el 10 de noviembre de 2025. Este modelo busca monitorear en tiempo real el comportamiento del gasto estatal y anticipar riesgos en materia de contratación pública durante el periodo electoral, en cumplimiento de la Ley 996 de 2005.
La Dirección de Información, Análisis y Reacción Inmediata (DIARI) identificó que el Departamento de Prosperidad Social (DPS) concentró el mayor volumen de contratación, con $770 mil millones, equivalentes al 8.5% del total comprometido en la primera semana de noviembre.
En cuanto a la distribución territorial, la entidad se encuentra analizando los datos para determinar el comportamiento contractual por departamento, y así identificar posibles patrones regionales asociados al cierre preelectoral.
La DIARI, junto con la Delegada de Gestión Pública e Instituciones Financieras, adelanta un seguimiento exhaustivo a todos los contratos suscritos desde septiembre hasta el 7 de noviembre. El análisis incluye montos, entidades ejecutoras, modalidades y objetos contractuales, con el propósito de identificar operaciones sensibles: actividades logísticas, eventos, suministros y otros rubros que tradicionalmente aumentan en épocas preelectorales.
