La Defensoría del Pueblo reportó 162 casos de niñas, niños y adolescentes entre enero y octubre de 2025. El 45% corresponde a población indígena y la mayoría ocurre en Cauca, Antioquia, Chocó, Huila y Nariño. El Estado Mayor Central, las disidencias sin identificar y el ELN concentran los mayores señalamientos.
Entre enero y octubre de este año, la Defensoría del Pueblo registró 162 casos de reclutamiento forzado de menores de edad, una cifra que confirma la continuidad del fenómeno en zonas donde persisten disputas entre grupos armados. El organismo advirtió que el 45% de las víctimas pertenece a comunidades indígenas, lo que evidencia una afectación desproporcionada en territorios rurales y de presencia étnica.
El Cauca volvió a encabezar los departamentos más golpeados, seguido de Antioquia, Chocó, Huila y Nariño, regiones donde confluyen estructuras disidentes, rutas de movilidad y presiones sobre comunidades campesinas e indígenas. La entidad señaló que estos patrones se han mantenido durante los últimos dos años, lo que refleja un riesgo sostenido para niñas, niños y adolescentes en zonas de difícil acceso institucional.
En cuanto a los presuntos responsables, el Estado Mayor Central concentra el mayor porcentaje de reportes, seguido por las disidencias sin identificar, el ELN y el Ejército Gaitanista de Colombia. La Defensoría indicó que esta combinación de actores revela un escenario de fragmentación armada que facilita el reclutamiento y complica las labores de prevención.
Los datos también muestran que 62% de las víctimas son niños y adolescentes, mientras que 38% son niñas y adolescentes, una distribución que coincide tanto en los registros de 2025 como en la información consolidada de 2024. La entidad destacó que esta estabilidad porcentual demuestra que el fenómeno afecta a ambos géneros y mantiene impactos diferenciados en comunidades donde la presencia de grupos armados es permanente.
la Defensoría subrayó que el reclutamiento opera como un riesgo continuo, más que como un fenómeno marcado por ciclos estacionales, insistió en que el reclutamiento forzado vulnera gravemente el futuro de niñas y niños, y reiteró la necesidad de fortalecer la presencia estatal en zonas críticas, mejorar los mecanismos de protección comunitaria y garantizar entornos seguros donde los menores puedan desarrollarse sin la presión de los actores armados.
