Tras haber responsabilizado al expresidente en 2023 del asesinato de Eudaldo León Díaz, el exjefe paramilitar y actual gestor de paz admitió ante la Fiscalía que no tiene pruebas que sustenten sus afirmaciones y pidió disculpas públicas. La conciliación continuará el 4 de diciembre de 2025.
El exparamilitar Salvatore Mancuso, hoy gestor de paz designado por el gobierno, dio un giro a las graves acusaciones que lanzó en 2023 contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez, a quien había señalado de tener responsabilidad en el asesinato del exalcalde de El Roble (Sucre), Eudaldo León Díaz, ocurrido en 2003. Aunque durante una audiencia ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) afirmó que el entonces mandatario habría ordenado retirar el esquema de seguridad del alcalde pese a las advertencias de riesgo, Mancuso reconoció ahora que no cuenta con evidencias que respalden esa versión.
Según reveló la revista Semana, el exjefe de las AUC compareció ante la Fiscalía en una diligencia de conciliación relacionada con la querella presentada por Uribe. Allí confirmó que no le consta que el exjefe de Estado estuviera involucrado en el crimen. “Manifiesto que no me consta que el doctor Álvaro Uribe Vélez hubiera participado en la lamentable acción criminal perpetrada por las AUC”, declaró.
Como parte del proceso, la defensa de Mancuso entregó una propuesta de conciliación en la que ofrece disculpas por los señalamientos realizados y reconoce el impacto público de sus palabras dentro del sistema de justicia transicional. Los abogados del expresidente deberán responder a esta propuesta en una nueva audiencia programada para el 4 de diciembre de 2025.
Uribe, por su parte, ha negado de manera reiterada cualquier vínculo con el homicidio. En 2023, tras conocerse las declaraciones iniciales de Mancuso, aseguró que durante su gobierno no solo no se retiraron esquemas de seguridad a autoridades locales, sino que se reforzaron ante el riesgo que enfrentaban alcaldes y gobernadores en varias regiones del país. “Los protejimos a todos”, afirmó entonces, calificando las acusaciones como “cobardes” y provenientes de “bandidos”.
El proceso de conciliación continuará mientras la Fiscalía evalúa los alcances de la retractación y las partes buscan una salida jurídica al conflicto originado por los señalamientos iniciales del exparamilitar.
