Los cerrados guarismos impiden que se active un mecanismo de revisión obligatoria para evaluar los fundamentos legales y operativos de los recientes bombardeos en rutas marítimas cercanas a Venezuela. Legisladores críticos señalan que persisten vacíos de información sobre inteligencia, objetivos y proporcionalidad.
El Senado estadounidense cerró la puerta, por ahora, a nuevos controles sobre las operaciones militares que la administración Trump adelanta en el Caribe. Con una votación de 51 a 49, la Cámara Alta negó una resolución bipartidista que pretendía obligar al presidente a consultar y obtener autorización del Congreso antes de ordenar ataques contra blancos vinculados al narcotráfico en áreas marítimas próximas a Venezuela.
La propuesta surgió luego de un incremento inusual en la actividad militar en la región. Desde septiembre, aviones de combate y buques estadounidenses han ejecutado múltiples bombardeos contra embarcaciones señaladas como parte de redes criminales transnacionales. Algunas de las operaciones se llevaron a cabo en sectores donde la proximidad con aguas territoriales venezolanas ha encendido alertas diplomáticas y jurídicas. El elevado número de muertos y la ausencia de informes públicos detallados alimentaron las inquietudes en el Capitolio.
Los impulsores de la iniciativa—encabezados por los senadores Tim Kaine y Adam Schiff—intentaron que el Legislativo retomara el control sobre decisiones que, según ellos, podrían tener efectos regionales imprevisibles. Alegaron que el Ejecutivo ha operado bajo interpretaciones internas del derecho de guerra que no han sido examinadas por el Congreso ni por comités de supervisión.
Aunque dos republicanos: Rand Paul y Lisa Murkowski se sumaron al bloque demócrata, la mayoría argumentó que limitar al presidente en este contexto reduciría la capacidad de reacción frente a amenazas que, a su juicio, no admiten demoras. La votación marcó un nuevo episodio en la disputa por el alcance de los poderes del comandante en jefe en tiempos de operaciones extraterritoriales.
Con el proyecto hundido, la Casa Blanca mantiene pleno margen para ampliar o modificar su estrategia en el Caribe. Analistas de seguridad advierten que la ausencia de controles legislativos podría aumentar la tensión con Caracas y con países vecinos afectados por rutas marítimas compartidas. Mientras tanto, varias bancadas ya preparan nuevas propuestas para reabrir el debate sobre los límites del poder militar presidencial.
