La Defensoría del Pueblo emitió la Alerta Temprana de Inminencia N.º 015-2025 por la ruptura entre la Segunda Marquetalia y el ELN en Vichada. El organismo advierte una posible escalada armada por el control de rutas ilícitas en la frontera con Venezuela, con riesgo de confinamiento y desplazamientos masivos que afectarían a comunidades indígenas y rurales en cuatro municipios del departamento.
La Defensoría del Pueblo emitió la Alerta Temprana de Inminencia N° 015-2025 ante el riesgo inminente de una nueva ola de violencia en el departamento del Vichada, tras la ruptura del pacto entre los grupos armados Segunda Marquetalia (Frente 53 Edison Romaña) y el Ejército de Liberación Nacional (ELN) (Frente José Daniel Pérez Carrero).
El documento advierte que la confrontación entre ambas estructuras podría generar una grave crisis humanitaria, con confinamientos, desplazamientos masivos y afectaciones a comunidades indígenas, rurales y migrantes en la zona de frontera con Venezuela.
De acuerdo con el informe, durante los últimos dos años ambos grupos habían mantenido una coexistencia basada en acuerdos de cooperación para el control de rutas del narcotráfico y la minería ilegal, así como de corredores transfronterizos.
Sin embargo, la alianza se rompió el pasado 3 de agosto de 2025, cuando el ELN acusó a la Segunda Marquetalia de haber filtrado información a las Fuerzas Militares que derivó en la incautación de cargamentos de cocaína y coltán. La tensión escaló con una emboscada con explosivos en territorio venezolano contra alias “Zarco Aldinever Morantes”, segundo al mando de la Segunda Marquetalia.
Aunque gran parte de la confrontación se desarrolla en el estado venezolano de Apure, la Defensoría advierte que la porosidad de la frontera fluvial en los ríos Meta y Orinoco convierte a Colombia en escenario de riesgo directo.
Las hostilidades afectan especialmente a los municipios de Puerto Carreño, Cumaribo, La Primavera y Santa Rosalía, donde se identificaron once puntos críticos de riesgo inminente, entre ellos veredas e inspecciones como Aceitico, Garcitas, Amanavén, Puerto Nariño y Nueva Antioquia.
La entidad alertó que la población civil está quedando atrapada entre los dos bandos, sufriendo amenazas, reclutamiento forzado y exigencias de apoyo logístico.
Los escenarios más graves son los de confinamiento y desplazamiento transfronterizo, que afectarían con mayor severidad a niños, adolescentes, comunidades indígenas Amorua, Sikuani, Sáliba, Piapoco, Piaroba, Curripaco y Guarequena, así como a líderes sociales, autoridades étnicas y migrantes que trabajan en actividades informales de minería.
La Defensoría advierte, además, que otros actores armados podrían intervenir en el conflicto, entre ellos el Clan del Golfo (subestructura Gonzalo Oquendo Urrego), el ERPAC y el Nuevo Estado Mayor Central, lo que podría ampliar la confrontación y agravar los riesgos humanitarios.
El organismo de control formuló 17 recomendaciones urgentes a las instituciones del Estado, instando a la Comisión Intersectorial para la Respuesta Rápida a las Alertas Tempranas (CIPRAT) a coordinar acciones inmediatas de disuasión, investigación, protección y atención humanitaria.
