Según dijo, estas redes no tienen cohesión interna ni vocación política que permita compromisos verificables. Alertó que un eventual espacio institucional podría reforzar su presencia en territorios donde ya ejercen control ilegal.
La petición del Tren de Aragua para ser incluido en una mesa de diálogo de paz generó inquietud entre analistas de seguridad urbana. Wilfredo Cañizares, director de la Fundación Progresar y reconocido investigador del fenómeno criminal en la frontera, advirtió que las características del grupo no permiten encuadrarlo en un proceso institucional de este tipo.
Desde la perspectiva del investigador, su funcionamiento plantea desafíos jurídicos y operativos para cualquier acercamiento formal del Estado. En ese sentido, sostuvo que el Tren de Aragua no cuenta con un mando unificado ni con una agenda política verificable, lo que diferenciaría este caso de otros procesos adelantados por el Gobierno Nacional.
Siendo más incisivo, subrayó que “adelantar un proceso de diálogo socio-jurídico con una organización que realmente no tiene una estructura jerárquica, no tiene una función política, que es una organización que se ha dedicado sólo a asesinar, a extorsionar y a controlar el microtráfico en la ciudad y en las grandes ciudades, en la mayoría de ciudades de Colombia”.
Cañizares indicó que la solicitud del grupo obliga al Gobierno a precisar el alcance de la política de paz urbana, en particular frente a estructuras que operan mediante economías ilegales descentralizadas. Además, advirtió que la fragmentación interna del Tren de Aragua hace difícil verificar compromisos o establecer garantías mínimas de cumplimiento, incluso si llegara a plantearse un proceso de sometimiento diferenciado.
Igualmente, alertó sobre el riesgo de que un reconocimiento prematuro derive en un aumento del poder territorial de la organización. “No entendemos cómo va a ser el Gobierno Nacional para afrontar este diálogo. Nos preocupa muchísimo porque esto puede fortalecer esas estructuras, legitimarlas y expandirlas, como ha pasado con otras estructuras y grupos armados ilegales”, puntualizó el director de la Fundación Progresar.
Hasta el momento, el Gobierno no ha entregado detalles sobre el procedimiento que aplicaría para evaluar la inclusión del Tren de Aragua en un escenario de diálogo. La discusión permanece abierta mientras autoridades locales y organizaciones especializadas solicitan claridad sobre los criterios para procesar solicitudes provenientes de estructuras criminales dedicadas al microtráfico y la extorsión.
