El informe “Medicamentos inaccesibles, derechos vulnerados” advierte una crisis estructural en el acceso a tratamientos en Colombia. En los últimos cinco años y ocho meses, se han presentado más de un millón de tutelas por el derecho a la salud. Vichada, Guainía, Chocó y San Andrés son los territorios más afectados.
Hasta el 90% de sus ingresos mensuales deben destinar algunos usuarios del sistema de salud en Colombia para adquirir los medicamentos que las EPS no les entregan.
Así lo reveló la Defensoría del Pueblo en su más reciente informe “Medicamentos inaccesibles, derechos vulnerados: un análisis con enfoque territorial en Colombia”, presentado este miércoles en Barranquilla por la defensora Iris Marín Ortiz.
El estudio, basado en 3.449 encuestas y en datos de la Superintendencia de Salud, el Ministerio de Salud y la Corte Constitucional, evidencia un agravamiento estructural del derecho a la salud marcado por barreras en la disponibilidad de medicamentos en todo el país, sin importar el régimen de afiliación.
El impacto es mayor en zonas rurales, étnicas y de baja conectividad.
Los resultados muestran que la falta de entrega oportuna de medicamentos esenciales —como Metformina, Valsartán, Losartán, Insulina Glargina, Quetiapina y Ácido Fólico— obliga a miles de pacientes a comprarlos por su cuenta, afectando su capacidad para cubrir otras necesidades básicas como alimentación, vivienda o educación.
“El acceso a medicamentos afecta a toda la población y está mostrando señales de regresividad. Hoy no solo hay dificultades con tratamientos de alto costo, sino también con medicamentos esenciales para la atención primaria”, advirtió la defensora Marín.
Desalentador panorama
El informe también detalla que, con corte a septiembre de 2025, la Defensoría tiene registro de 584 medicamentos no entregados, de los cuales el 48% sigue sin solución. El 61% de los pacientes aseguró que tuvo que comprarlos de forma particular.
La Defensoría alertó que esta situación ha incrementado la judicialización del derecho a la salud.
Entre enero de 2020 y agosto de 2025 se han radicado 1.003.147 tutelas ante la Corte Constitucional, de las cuales más de un tercio corresponde al derecho a la salud.
En lo corrido de 2025, el 36,8% de esas tutelas está relacionado con la entrega inoportuna de medicamentos o insumos.
La Superintendencia de Salud reporta 685.000 reclamos por falta de medicamentos, con un promedio diario de 1.600 casos, mientras que la Defensoría ha recibido 107.000 quejas entre 2022 y 2025.
El informe identifica como principales causas de la crisis la falta de transparencia financiera de EPS e IPS, los retrasos en los pagos, la distorsión de la cadena logística, y las barreras administrativas generadas por el cambio constante de gestores farmacéuticos.
Los departamentos de Vichada, Guainía, Chocó y San Andrés y Providencia presentan las condiciones más críticas, seguidos de La Guajira, Arauca, Putumayo y Nariño.
Durante la presentación, Marín recordó que la entidad ha implementado Puestos de Mando Unificado (PMU) en 18 departamentos, lo que ha permitido caracterizar las causas de la falta de acceso y activar rutas administrativas de solución. Sin embargo, reconoció que los usuarios siguen enfrentando impactos emocionales y riesgos de vida ante la interrupción de tratamientos.
La Defensoría del Pueblo planteó un conjunto de recomendaciones estructurales, entre ellas una reforma sanitaria con enfoque territorial, la creación de un tablero nacional de seguimiento a la entrega de medicamentos, y mecanismos de transparencia y rendición de cuentas entre EPS, IPS y gestores farmacéuticos.
“El Gobierno no debe negar su responsabilidad en establecer transiciones menos inciertas y traumáticas. Nuestro deber es garantizar el derecho a la salud y aliviar el sufrimiento que hoy padece la población colombiana”, concluyó la defensora Marín Ortiz.
