El cuerpo colegiado declara improcedente el uso de poderes de emergencia por parte de Donald Trump para imponer aranceles masivos. Con un fallo, aprobado por mayoría de 7 a 4, se limita la autoridad del Ejecutivo en materia comercial y se reafirma que solo el Congreso puede definir impuestos y tarifas. Los gravámenes seguirán vigentes hasta que la Corte Suprema emita un pronunciamiento definitivo.
En una resolución considerada histórica por sus implicaciones constitucionales, el Tribunal Federal de Apelaciones determinó que el expresidente Donald Trump excedió sus facultades al invocar la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA) para imponer aranceles generalizados a comienzos de año. La decisión confirma un fallo previo del Tribunal de Comercio Internacional, que ya había cuestionado la legalidad de esas medidas.
La Corte concluyó que la IEEPA no otorga al presidente autoridad para “regular importaciones” mediante aranceles, pues dicha facultad corresponde al Congreso, conforme a la Constitución. “El Congreso no utilizó el término ‘arancel’ ni sinónimos que indiquen la intención de delegar ese poder”, señaló la opinión mayoritaria. El fallo deja en firme el principio de que el Ejecutivo no puede modificar unilateralmente la política tributaria.
Pese a la decisión, los aranceles seguirán vigentes hasta que la Corte Suprema emita un pronunciamiento definitivo, mientras que, por su parte el Gobierno, prepara una apelación ante la Corte Suprema. En un mensaje en redes sociales, Trump aseguró que “todos los aranceles permanecen en vigor” y advirtió que retirarlos “sería un desastre total para Estados Unidos”.
El caso consolidó dos demandas: una presentada por doce estados y otra por asociaciones empresariales que denunciaron afectaciones comerciales. Ambas reclamaban que los llamados “Aranceles del Día de la Liberación”, aplicados a productos provenientes de China, México y Canadá, violaban la separación de poderes.
La sentencia sienta un precedente clave en la jurisprudencia estadounidense, al establecer límites al uso político de las emergencias económicas. Su revisión por la Corte Suprema definirá el alcance real de la autoridad presidencial sobre el comercio y el equilibrio entre Ejecutivo y Congreso en materia fiscal.
