El sindicato denunció que los clubes siguen participando en torneos oficiales pese a incumplir obligaciones laborales y de seguridad social. Asimismo, señaló falta de vigilancia del Ministerio del Deporte y de la Dimayor, advirtiendo que la permisividad institucional vulnera derechos y afecta la integridad de la competencia.
La Asociación Colombiana de Futbolistas Profesionales (Acolfutpro) exigió al Ministerio del Deporte ejercer su función de inspección, vigilancia y control frente a los incumplimientos reiterados de los clubes del fútbol profesional colombiano, que mantienen deudas laborales con sus jugadores y continúan participando en torneos oficiales sin sanciones efectivas.
El gremio aseguró que esta omisión institucional se ha convertido en una práctica normalizada que vulnera derechos laborales y deteriora la imagen del campeonato. “Es inaudito que un club pueda alinear un equipo juvenil con jugadores sin contrato laboral, sin afiliación a seguridad social ni cobertura de riesgos laborales”, advierte el comunicado.
Acolfutpro recordó que el Reglamento de Licencia de Clubes de la Federación Colombiana de Fútbol (FCF) prohíbe expresamente que equipos con deudas con sus empleados participen en competencias oficiales. Sin embargo, señaló que los órganos rectores de este deporte en el país, han incumplido sus propios estatutos, al permitir que clubes como el Deportivo Pereira sigan compitiendo pese a los retrasos en los pagos y las obligaciones con los futbolistas.
La asociación también hizo un llamado al Ministerio del Deporte para que garantice la aplicación del artículo 11 de la Ley 1445 de 2011, que obliga a los clubes a presentar un presupuesto anual con el cumplimiento de aportes a seguridad social y parafiscales.
En ese sentido, sostuvo Acolfutpro que la ausencia de este control fomenta un “desorden administrativo y financiero” que se ha vuelto estructural en el sistema. Como muestra de apoyo, la organización anunció la entrega de bonos solidarios a los jugadores del Deportivo Pereira para cubrir necesidades básicas mientras se resuelve la situación contractual.
Finalmente, insistió en que la solución de fondo debe venir de la institucionalidad. “Las omisiones institucionales envían un mensaje peligroso: que el incumplimiento no tiene consecuencias”, concluyó la asociación.
