El derrumbe en el kilómetro 18 de la vía al Llano ha generado pérdidas millonarias y desabastecimiento. El vicecontralor Carlos Mario Zuluaga criticó la falta de planificación y pidió medidas urgentes para recuperar esta arteria estratégica del país.
Más de $20.000 millones diarios en pérdidas, aumentos en los precios de alimentos y más de 11.000 viajeros varados cada día. Ese es el saldo que deja el cierre parcial de la vía Bogotá–Villavicencio desde el pasado 6 de septiembre, cuando un deslizamiento de tierra bloqueó el paso en el kilómetro 18, jurisdicción de Chipaque (Cundinamarca).
La emergencia ha afectado directamente al Meta, cuyas pérdidas acumuladas ya superan los $480.000 millones. Ante esta situación crítica, la Contraloría General de la República urgió al Gobierno nacional a estructurar una nueva concesión vial con enfoque técnico, financiero y de impacto territorial.
“El país requiere que esta arteria esté habilitada con condiciones de seguridad y sostenibilidad. Se trata de una conexión estratégica, económica y humana que no puede quedar a la deriva por falta de planeación”, afirmó el vicecontralor Carlos Mario Zuluaga.
La vía movilizaba cerca de 10.000 vehículos diarios, de los cuales 4.000 correspondían a transporte de carga. El 72 % de los productos perecederos del Meta se mueve por esta carretera, y el cierre ha impactado fuertemente la economía agrícola y los precios en Bogotá. “No es una sorpresa técnica. Hay estudios que desde hace más de una década advertían sobre la vulnerabilidad del sector, pero no se tomaron las decisiones que hoy serían fundamentales para evitar esta parálisis”, agregó Zuluaga.
Durante su intervención en el corredor, el funcionario también advirtió sobre posibles irregularidades en el manejo de recursos pasados. “Solamente en la última década, en intervenciones de rehabilitación, se han invertido más de $450.000 millones. Si esa suma se hubiera planeado de forma integral para estabilizar el terreno, el país no estaría enfrentando esta emergencia”, concluyó.
Finalmente, el alto funcionario anunció auditorías fiscales y mesas técnicas con el Ministerio de Transporte y la ANI, con el objetivo de evitar lo que calificó como “pañitos de agua tibia” y dar solución definitiva a una crisis que limita el derecho a la movilidad en los Llanos.
